No parece demasiado lógico que el Govern de Balears, presidido por un socialista, tenga que presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para reclamarle al Gobierno central, también presidido por otro socialista, que el Ministerio de Fomento pague los 333 millones de euros de los convenios de carreteras que están en vigor. El conflicto entre Balears-Madrid por las carreteras viene de lejos, y la Audiencia Nacional ha dejado claro que los acuerdos que en su día fueron anulados unilateralmente por el Ministerio de Fomento están en vigor. Es decir, la ministra Magdalena Àlvarez adoptó una decisión arbitraria, contraria a los intereses de Balears y no cabe ni defensa alguna por parte del Govern ni excusas a la hora de devolver el dinero. Ni Carbonero ni Antich deberían perder ni un segundo en justificar a esta ministra que ha perjudicado tanto los intereses de Balears.
Como dijo Rosa Estaràs el pasado martes en el Parlament, no es lógico que el Govern acuda a los tribunales para exigir que lleguen a Balears los 333 millones de euros de los convenios de carreteras en lugar de alcanzar un acuerdo con el «gobierno amigo». Desde UM han empezado ya a aparecer las primeras voces sobre la falta de sintonía que hay entre el Govern y Madrid en materia de financiación. Y todavía se está a la espera de que se firme el convenio ferroviario entre ambas administraciones. El Ejecutivo de Antich debe defender los intereses de Balears por encima de cuestiones partidistas y exigir urgentemente que se ingresen en las arcas autonómicas los 333 millones de euros. Al fin y al cabo, las obras que tenía que financiar Fomento están hechas y el agujero económico que existe en la Comunitat Autónoma es muy preocupante. Con los 333 millones, seguro que la situación financiera mejora sensiblemente. No valen excusas.