Ayer se abrió en la sede de la Audiencia Provincial el primer juicio oral del llamado 'caso Andratx', un rosario de irregularidades urbanísticas llevadas a cabo en el término municipal de Andratx que culminó con la detención de su alcalde, Eugenio Hidalgo, además del director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, y el celador municipal Jaume Gibert. Todos ellos se sentaron en el banquillo de los acusados, aunque les quedan por delante, todavía, más de sesenta causas pendientes.
Hidalgo trató de justificar la construcción de un chalet de su propiedad de manera ilegal "en el interior de un Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP)" con una argumentación hilarante: «se convirtió sin yo saberlo en una casa» lo que, según él, debía ser un simple almacén agrícola. La tesis del ex edil se incorpora a los nuevos argumentos de defensa de la que hacen gala los políticos cuando comparecen ante el juez, que tanto les da culpabilizar a la droga o sostener su incapacidad de decir 'no' para explicar sus tropelías. Habrá que esperar a las sentencias para conocer si estas estratagemas han dado el resultado que esperaban sus protagonistas.
Además, Eugenio Hidalgo atribuye a una confabulación de funcionarios todo el desastre urbanístico en el que se convirtió el término de Andratx durante su mandato.
Con todo, lo más importante es que, poco a poco, se está poniendo cerco a la corrupción y sus presuntos "por el momento" responsables. Hay que confiar en que todo el esfuerzo judicial realizado dé los frutos esperados y las sentencias tengan el efecto ejemplarizante que la sociedad balear desea, además de servir de advertencia política de que los votos no pueden conseguirse a cualquier precio; un error que acabó reconociendo el propio Partido Popular.