El primer juicio derivado del 'caso Andratx' será muy especial en lo que concierne a su seguimiento público. Dos cámaras de televisión y su micrófono de ambiente grabarán íntegramente las sesiones del proceso que sentará en el banquillo el próximo lunes a Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx; al ex celador municipal, Jaime Gibert; al ex jefe del área de Urbanismo, Jaime Massot, y al ex letrado asesor, Ignacio Mir.
Cuarenta medios informativos están acreditados ante la Audiencia de Palma para seguir en directo el juicio que debe dirimir si Eugenio Hidalgo, con la conformidad de los otros tres acusados, obtuvo en 2003 una licencia del Ajuntament de Andratx -que él presidía- para construir una vivienda unifamiliar en una parcela del municipio andritxol calificada como 'Àrea Rústica de Interés Paisajístico' por la Ley de Espacios Naturales de Balears, esto es, inviable legalmente según la Fiscalía para tales obras.
El juicio contra Hidalgo, Gibert, Massot y Mir tendrá lugar dieciséis meses después de que se desatase la 'operación Voramar', promovida por la Fiscalía Anticorrupción al percibir indicios de delito en resoluciones urbanísticas aprobadas en los años precedentes por el plenario municipal de Andratx.
La primera de las más de sesenta piezas separadas del 'caso Andratx' que ante la querella de la Fiscalía investigó el Juzgado de Instrucción 12, debe dirimir si los cuatro acusados «se concertaron al efecto de idear, planificar y ejecutar los actos administrativos que posibilitasen la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta, propiedad del alcalde Eugenio Hidalgo, cuya ubicación, al estar situada en un área de especial protección, hacía inviable legalmente la obtención de licencia municipal para su ejecución».
Según la Fiscalía, Eugenio Hidalgo solicitó la licencia de construcción pretextando que se trataba únicamente de ampliar un almacén agrícola -que ni siquiera existía-, con más de medio siglo de antigüedad en aquel suelo. Era la única ficción legal que podía posibilitar la luz verde a su proyecto, ya que la parcela 67 del polígono 7 de Andratx, de 3.000 metros cuadrados de superficie, estaba clasificada desde 1991 por la Ley de Espacios Naturales de Balears como 'Àrea Rústica de Interés Paisajístico'.
Conforme al relato acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, los otros imputados, Gibert, Massot y Mir, fueron cómplices para hacer pasar por legal el hecho de que, dada la protección vigente de ese suelo, «era imposible legalmente autorizar la construcción en dicha parcela de una vivienda unifamiliar aislada».
A Hidalgo y a sus presuntos cómplices les hubiera hecho falta que el terreno protegido donde se pretendía edificar el chalet hubiera tenido al menos 50.000 metros cuadrados.
Al tratarse del juicio por la construcción del chalet de Hidalgo, éste adquiere especial relevancia, dado que la gran mayoría de las piezas separadas del «caso Andratx», más de sesenta, se refieren a la supuesta adjudicación de licencias urbanísticas de manera irregular a terceras personas.
Cabe recordar que a lo largo de las investigaciones abiertas en torno al «caso Andratx» se denunció la autorización de obras de construcción de viviendas en lugares no permitidos, para lo que se alegó la existencia de antiguas casetas que nunca existieron, lo que supuestamente se convirtió en un negocio por parte de los cuatro imputados.
Según algunos testimonios, se ha atribuido a Jaume Massot, que fue director general de Territori en el Govern de Jaume Matas, la condición de «cerebro» de esas operaciones.