El ex gerente de Bitel Damià Vidal, imputado por la supuesta comisión de cuatro delitos -malversación de caudales públicos, defraudación, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos- alegó ante el juez que está en tratamiento psicológico en Barcelona por su incapacidad para decir 'no'.
Durante su declaración, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, Vidal dijo que ese trastorno psicológico ha derivado en una problemática «económica y familiar».
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática se reafirmó en las declaraciones que había realizado en la sede de la Jefatura Superior de Policía, aunque, ante el juez, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y los abogados personados, involucró al ex conseller d'Economia i Hisenda Lluís Ramis de Ayreflor en el pago de 16.000 euros a dos revistas editadas en Palma. En principio, Vidal atribuyó la autorización de ese pago a empleadas de la Conselleria, pero a preguntas del fiscal respondió que «creía» que la orden había emanado del conseller Ramis de Ayreflor.
También, admitió que había transferido 27.000 euros de las arcas de Bitel a una cuenta bancaria propia, y explicó que obró de esa manera, incluso sin el conocimiento de su esposa, para cancelar o renegociar varios préstamos personales que tenía concertados con La Caixa y Sa Nostra.
Reconoció que días antes de su detención se había personado en las oficinas de la empresa Auditoría Informática Balear S.L. con el objetivo de recoger unos documentos que Helix Infocom había aportado en su momento a la Conselleria d'Agricultura y que él no tenía en su poder. Esos documentos estaban, según explicó, en el ordenador de Iván Guardia que trabajaba para Helix y también desempeñó actividades profesionales para Bitel.
Como se sabe, Auditoría Informática Balear, en la que figuran los hermanos Alexandre e Iván Guardia Hernández, también imputados en la causa, realizó informes encargados por Vidal. Helix Infocom, por su parte, pertenecía al 50 por ciento a Vidal y a Juan Antonio Romaguera (también imputado).
El ex gerente de Bitel explicó al juez que el pasado 30 de julio de 2007 había firmado un finiquito de rescisión laboral, en el cual, se le descontó lo que él había cobrado o debía a Bitel. Por ese concepto pagó 12.000 euros mediante dos pagarés que fueron abonados en un vencimiento para saldar su deuda con Bitel. Sobre esta cuestión insistió ante el juez que si le hubiesen dicho que debía más de esos 12.000 euros los habría pagado. Recordó, asimismo, que no tiene la categoría de funcionario y que su contrato laboral con Bitel era de alta dirección. Además se mostró «perplejo» por el hecho apuntado en la querella de la Fiscalía Anticorrupción de que pueda deber alguna cantidad a Bitel, puesto que «creía que estaba todo liquidado». En ese contexto, se mostró dispuesto a reintegrar a Bitel lo que pueda adeudar
Damià Vidal también mencionó al ex presidente del Govern Jaume Matas en su declaración judicial. Dijo que «parece ser» que Matas le había ofrecido el cargo de director gerente de Bitel, a través del abogado Rafael Perera. Éste, no obstante, desmintió de forma rotunda haber participado en su contratación.
Vidal, poco después de asumir esas funciones, contrató como personas de confianza a Iván Guardia y a Ramón de la Iglesia (miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular), quienes no figuraban en nómina, sino que únicamente cobraban por los trabajos efectuados. Luego, Ramón de la Iglesia ganó un concurso para ascender al área de seguridad de Bitel.
El ex gerente de Bitel quedó en libertad bajo fianza de 200.000 euros y su abogado defensor, Eduardo Valdivia, afirmó ante el juez que el Ministerio Público «partía de dos errores técnicos», como es considerar que Bitel es una administración pública, cuando es una sociedad anónima sujeta a derecho privado, y considerar a Vidal como funcionario público cuando estaba contratado en régimen laboral y, por tanto, no le serían aplicables cinco de los seis delitos imputados.