F.BARRASA/P.CANDIA
Damià Vidal Rodriguez, quien fuera gerente de la empresa pública de servicios informáticos Bitel entre 2003 y 2007, quedó anoche en libertad bajo fianza de 200.000 euros tras prestar declaración y reconocer en el Juzgado de Guardia en Vía Alemania el uso indebido de dinero de la entidad del Govern balear.
La Fiscalía Anticorrupción acusó a Vidal de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, soborno, falsedad documental y prevaricación -que en su grado máximo llevan aparejadas penas de casi 20 años de prisión-, y solicitó al juez Miguel Florit, ayer en funciones de guardia, el ingreso en prisión provisional del imputado o su libertad con los referidos cargos y con fianza. Tras un receso, el magistrado decidió la segunda de las medidas, que lleva aparejada la retirada del pasaporte y la presentación periódica ante la oficina judicial que ha de instruir el caso, que por reparto será el Juzgado de Instrucción 10.
Damià Vidal llegó ayer a Vía Alemania en torno a las 16.30 horas en un traslado individualizado desde la Jefatura Superior de Policía de Palma, donde había pasado más de dos días detenido e interrogado por especialistas policiales de delitos económicos.
Al salir del coche policial se cubrió el rostro y se agachó para evitar que su rostro fuera fotografiado y grabado por las cámaras de los numerosos medios informativos congregados en el edificio judicial.
Al rededor de las 18.30 Vidal fue conducido a presencia del juez, asistido por el letrado Eduardo Valdivia y en presencia del fiscal Pedro Horrach y del letrado de la acusación popular ejercida por el Govern balear. Poco después de las 20.30 el imputado abandonó el edificio por la puerta principal -cerrada oficialmente desde el mediodía-, en un intento vano de hurtarse de las cámaras y de los redactores de los medios informativos, que llegaron a tiempo a Vía Alemania. De hecho, al tomar el ascensor pulsaron la planta tercera en vez del nivel de calle, lo que permitió a los periodistas llegar con tiempo a la «puerta discreta».
Aunque el texto de la declaración judicial no ha trascendido, se sabe que Damià Vidal respondió a las preguntas de los acusadores sin negar que pudiera haberse producido un uso incorrecto de los caudales públicos que manejaba, pero al tiempo sin admitir que lo hubiera hecho de forma consciente.
Esa estrategia de defensa, habitual en los casos de presunta malversación de dinero público, quedó confirmada cuando a la salida de la declaración el abogado Eduardo Valdivia señaló que su patrocinado no había reconocido explícitamente «ningún delito», y añadió que dada la complejidad jurídica de una situación de estas características «podría ser que el imputado no hubiera cometido de hecho ningún delito».
El letrado Valdivia había llegado al Juzgado en torno a las 17.20 horas portando una disposición económica para su defendido precisamente de 200.000 euros, que minutos antes le había sido entregada por los hermanos de Damià Vidal.
El letrado disponía pues de una importante cantidad de dinero para su uso en la declaración judicial de su patrocinado, bien con destino a la fianza que iba a pedir horas después bien como caución por «responsabilidades inespecíficas» en caso de que la decisión judicial hubiera sido otra. Los caudales así depositados operan como prueba de buena voluntad de un imputado.
Damià Vidal fue detenido el pasado sábado por la mañana acusado de malversar una cantidad aún no concretada de dinero de la empresa Bitel durante sus años como gerente. Así, mientras la Fiscalía Anticorrupción deduce de los documentos aportados por el actual Govern balear -tras auditoría externa- un montante de hasta 700.000 euros, la defensa del imputado reduce esa discutible actividad a 400.000 euros y terceras fuentes consultadas durante los últimos días señalan que el monto final de la investigación podría arrojar una cantidad cercana al millón de euros.