Damià Vidal, el ex director-gerente de Bitel investigado por el Grupo de Delincuencia Económica y la Fiscalía Anticorrupción por la presunta sustracción de una cantidad que podría alcanzar los 700.000 euros en esta empresa pública, será presentado hoy a la autoridad judicial, según explicaron ayer fuentes solventes. Vidal, que ya ha sido interrogado en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía acerca del delito que se le imputa, lo volverá a ser seguramente esta tarde por el juez de guardia, que decretará su libertad o prisión preventiva. Las otras tres personas detenidas junto a Vidal, de 49 años, quedaron en libertad después de una confesión provechosa y convicente para los investigadores. Una quinta que también salió por su pie de la Jefatura es S.R.G., que se personó al saber que la Policía le buscaba. Se trata de un abogado que también era secretario del Consejo de Administración de Bitel y padre, a su vez, de otro detenido, J.A.R.B.
El Codigo Penal establece una pena de entre tres y seis años para los delitos de malversación de caudales públicos. El artículo 432 dice que comete malversación «la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajese o sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones».
Durante la pasada legislatura la empresa pública Bitel fue auditada por Ernst & Young y Fornes Salas y Asociados, que no descubrieron las supuestas irregularidades que han denunciado los nuevos gestores. A pesar de que la cantidad presuntamente defraudada es muy elevada, se advierte que este tipo de auditorías se limita a comprobar si las cuentas se llevan de manera correcta y no se engaña a los accionistas. El que Bitel fuera una empresa «grande» y «pública» facilitaba la «distracción» de cantidades modestas que, sumadas a lo largo del tiempo, pueden resultar escandalosas. Al no existir un interventor, el gerente tenía amplios poderes sobre la contabilidad general de la empresa.