El primer Consejo de Ministros de la legislatura ha aprobado un paquete de medidas que tienen por objetivo minimizar el impacto de la coyuntura económica, la cual muestra claros síntomas de ralentización después de varios años de un dinamismo exagerado.
Solbes plantea una inyección de 10.000 millones de euros a la economía española para capear el temporal, una cifra que se presta a engaño cuando se revela que el 60 por ciento de esta cantidad corresponde a la rebaja de 400 euros en el IRPF de este año. En paralelo, el vicepresidente plantea la posibilidad de prolongar, sin coste alguno, los plazos de amortización de las hipotecas; un modo de rebajar las cuotas mensuales cuando los tipos de interés están repuntando.
Todo indica que el Gobierno está tomando conciencia, una vez rebasado el hito electoral del 9 de marzo, de que las economías familiares serán las más castigadas durante este ciclo. Con independencia del efecto que todo este escenario está teniendo en el sector inmobiliario, un aumento del paro y la inflación, así como un retraimiento del consumo pueden acabar siendo unos lastres para la economía española que hagan más difícil su recuperación.
De todos modos, la principal incógnita reside en determinar el tiempo durante el que el Gobierno podrá mantener estas medidas sin que se acaben resintiendo las prestaciones sociales, en la hipótesis de una crisis larga y profunda "todavía no hay un acuerdo unánime sobre el origen y las consecuencias reales de la actual deriva de la economía mundial" las propuestas anunciadas ayer se convierten en meros parches que nada resuelven. De todos modos peor sería dejar el enfermo sin tratamiento.