El Consejo de Ministros nombró ayer al mallorquín Marcos Vaquer, nuevo subsecretario de Vivienda de la ministra Beatriz Corredor.
Mallorquín de nacimiento y madrileño de adopción desde que terminó la doble licenciatura en Derecho y Económicas por el ICADE, Marcos Vaquer ocupó en la pasada legislatura el puesto de Director General de Urbanismo y Política de Suelo en el equipo ministerial de María Antonia Trujillo.
En su destacado currículo figura una plaza de profesor titular en la Universidad Carlos III, a través de la cual ha desarrollado una intensa carrera de investigación y asesoramiento profesional a instituciones públicas y promotores privados en materia de urbanismo, carrera que, según sus propias palabras, «ha sido la base profesional que me ha traído hasta aquí».
Desde que accedió al cargo en la pasada legislatura, Marcos Vaquer, casado y padre de tres hijos, ha tenido que compatibilizar su responsabilidad política con la familia, su pasión por la lectura y las largas caminatas por la ciudad.
Ha visitado en varias ocasiones Palma, la última de ellas de forma oficial en octubre de 2006, donde participó en las V Jornadas sobre Ordenación del Territorio, organizadas por el Col·legi de Arquitectes de Balears para analizar la política del Suelo del Ministerio de la Vivienda.
Su amplia experiencia profesional como asesor urbanístico de administraciones públicas y promotores privados, fue el motivo por el que la ministra Trujillo lo eligió para redactar el borrador de la Ley del Suelo.
En las citadas jornadas celebradas en Palma, Vaquer indicaba que la nueva Ley del Suelo aportaba «más transparencia, más sostenibilidad, y menos especulación al urbanismo español, al incluir un paquete de medidas específicas contra la corrupción. Objetivos que, a su vez, se trasladarán a las Comunidades Autónomas mediante la aprobación posterior de leyes que deberán adaptarse a la legislación estatal».
Marcos Vaquer recordó entonces que las Illes Balears es la única comunidad que no tiene actualmente una ley «completa del suelo, a pesar de que cuenta con normativas al respecto, pero sin que constituyan un instrumento articulado y sistemático».
Es por ello que resaltó que que las Islas deben aprovechar esa mencionada circunstancia, «que las ha situado a la cola del mapa autonómico, para situarse en la vanguardia y dotarse de un modelo legal urbanístico basado en la ley estatal, que contribuya a su desarrollo futuro y que contemple una reserva del 30 por ciento para la construcción de vivienda protegida en el suelo urbano que sea regenerado».
Precisamente, sobre la vivienda protegida y el suelo urbano para su construcción, Vaquer ha señalado en diferentes entrevistas recogidas en Google, que «establecer una cifra de las necesidades de suelo para vivienda protegida es evidentemente muy difícil, porque esas necesidades oscilan y son dinámicas en función del volumen de población que se queda fuera del mercado libre».
Opina, en este sentido, que «por eso esas necesidades, en lo que se refiere a reservas, tiene que promulgarse en función del territorio porque no hay territorios idénticos. Pero si queremos adoptar una política preventiva para evitar que nos pase lo que nos está pasando ahora, que hay una gran dificultad para acceder a la vivienda de un sector muy importante de la población, hay que adoptar políticas preventivas mediante la adopción de estándares mínimos».