El magistrado instructor del 'caso Plan Territorial de Mallorca', Miquel Florit, que investiga la supuesta comisión de hasta tres delitos -prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias- en esa norma urbanística aprobada por el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca en 2004, ve indicios de delito e imputará a políticos y constructores.
Tras dos meses de investigación bajo un estricto secreto, el juez hizo público ayer el contenido del sumario a las partes personadas y ya prepara los autos de imputación, según pudo saber este diario.
En la causa han declarado en calidad de testigos, hasta ahora, varios constructores, técnicos y especialistas en urbanismo tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Balears a instancia del Grup d'Ornitologia de Balears (GOB).
Una de las claves de la investigación dirigida por el juez Florit han sido las Àreas de Reconversión Territorial (ART), donde se negociaron recalificaciones de terrenos de rústicos a urbanizables que, en algunos casos, finalizaron con promotores obteniendo plusvalías millonarias.
La aplicación de las ART, siempre mediante el Plan Territorial de Mallorca, «posibilita la urbanización de 160'5 nuevas hectáreas de suelo rústico a través de esponjamientos o desclasificación de suelos urbanos o urbanizables degradados, suspendidos por el planeamiento, desclasificados o incluso ilegales, o de compra de edificaciones obsoletas, amortizadas o incluso ilegales», según la denuncia del GOB.
Los municipios investigados son Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia. Precisamente, agentes judiciales de la Guardia Civil se incautaron de toda la información relativa al PTM en esas localidades durante la primera fase de la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
De las 160'5 hectáreas previstas en las ART, hay que sumar las más de 2.000 hectáreas que se prevén como de futuro crecimiento urbanístico en los tres planes insulares de Balears, de los cuales casi 1.500 serían en Mallorca.
Unidades de ejecución
Entre las unidades de ejecución conocidas de las ART destacan la paralización de la urbanización Cala Carbó por nuevo suelo urbanizable en L'Ullall en el Port de Pollença, con el crecimiento de 10'7 hectáreas de nuevo suelo unifamiliar y familiar; los hoteles Don Pedro en Pollença y Rocamar en Sóller por suelo urbanizable en Sa Vinyola (Campos), que prevé 42'2 hectáreas de hoteles, apartamentos y ciudades de vacaciones; esponjamiento en Alcúdia (Bellevue) por suelo urbano en Son Crevers (Marratxí), con 32 hectáreas residencial, 1.200 viviendas e inmuebles urbanos por suelo edificable en S'Arenal y Son Verí Nou.
El juez Florit asumió la instrucción del 'caso Plan Territorial de Mallorca' tras la renuncia a conocer los hechos por parte del magistrado Pedro Barceló, titular del Juzgado de Instrucción. Barceló alegó ante la Audiencia de Palma que tenía amistad con uno de los imputados por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras el levantamiento del secreto sumarial, en los próximos días empezará la segunda fase de la causa con la declaración de los imputados por el juez instructor de la causa.