Todos los partidos con representación en el Parlament suscribieron ayer tarde un acuerdo sobre la redacción de una nueva Ley de Vivienda, una vez que el Govern tomó conciencia de que su proyecto no saldría adelante por la falta de acuerdo con uno de sus socios, Unió Mallorquina, respecto a la disponibilidad de suelo rústico para construir nuevas VPO (Viviendas de Protección Oficial); medida que contó, también, con la oposición de los sectores implicados, arquitectos, promotores y constructores.
El conseller de la Presidència, Albert Moragues, ha tratado de minimizar la importancia de los cambios que se introducirán en la nueva Ley respecto al texto original que promovió el titular de la Conselleria d'Obres Públiques i Habitatge, Jaume Carbonero. Es trascendental que el nuevo texto legal priorice el suelo urbano y urbanizable ya previsto para edificar las futuras VPO -tal y como ha exigido Miquel Nadal desde el primer momento-, como también lo es el obligatorio acuerdo con los ayuntamientos afectados a la hora de aceptar las necesarias modificaciones en el planeamiento urbanístico que se tendrán que introducir.
Es pronto para determinar la eficacia que esta Ley de Vivienda tendrá en la dinamización de un sector, la construcción, y en la solución de un problema de acceso a una vivienda digna por parte de amplias capas de la sociedad, debido al elevadísimo coste de la oferta actual. Todavía no se conocen las consecuencias exactas que en las tramas urbanas tendrá el previsto aumento de densidad edificatoria. Sin embargo, resulta necesario resaltar la flexibilidad del president Antich ante lo que se avecinaba como lo que podría ser su primer gran fracaso político de la legislatura. Lo trascendental, sin embargo, es el acuerdo final que ayer se plasmó en el Parlament.