Las recientes moratorias urbanísticas y desclasificaciones de suelo aprobadas por el Govern balear y el Consell de Mallorca han generado la desaprobación general en el sector empresarial balear, representado por las confederaciones CAEB y PIMEM, y especialmente de los empresarios del sector de la construcción, aunque el Colegio de Arquitectos de Balears mantiene una postura distinta.
Como se recordará, el Govern aprobó en noviembre del año pasado un decreto de ley de medidas urgentes que determinaba la protección cautelar de 10 zonas de Mallorca (Cala Blanca, Monport, Cala Marçal, Son Real, La Victoria, Regana, Can Vairet, Muleta, Es Vilar y Cala Carbó), las cuales serán recalificadas mediante la ley autonómica posterior. En el caso de ses Fontanelles, donde estaba prevista la construcción de un macrocomplejo comercial y de ocio turístico, se suspende cualquier actividad hasta que se apruebe el plan de reconversión territorial o el proyecto de mejora territorial pertinente, aunque no está prevista su recalificación como en los casos anteriores.
Posteriormente, a mediados del mes de enero, el Consell de Mallorca dictó una norma cautelar por la que paralizó la urbanización de Cala Blanca, Cala Marçal, Es Pujols y las dunas de Camp de Mar.
Los empresarios no cuestionan la protección territorial pero recuerdan que existen proyectos urbanísticos en estas zonas de acuerdo a la Ley y con licencias municipales en vigor, circunstancia que provocará graves prejuicios económicos a las empresas afectadas y, con toda seguridad, el pago de elevadas indemnizaciones por parte de las administraciones públicas.