El Govern no retirará la Ley de Vivienda, a cuyo proyecto se opone ahora UM pese a que los consellers de este partido en el Ejecutivo la avalaron cuando se remitió al Parlament.
Al menos, eso es lo que espera el conseller d'Habitatge, Jaume Carbonero (PSOE), quien ayer aludió a este asunto tras la reunión del Consell de Govern. El conseller, sin embargo, sí reconoció que podrían introducirse algunos retoques en el texto para que se materializara el acuerdo. No es fácil, sin embargo, introducir ahora nuevas enmiendas ya que, según fija el reglamento de la Cámara, es preciso que el PP, que lleva la iniciativa en las modificaciones, acepte que se tramiten las enmiendas.
El conseller dijo que el Govern quiere construir 5.000 viviendas de protección oficial en el archipiélago y, para ello, pretende «conseguir suelo».
Por ello, la futura ley prevé construir en suelo urbano en primer lugar y en urbanizable, en segundo término, pero dejando la puerta abierta al aprovechamiento de las áreas de transición, (actualmente rústico) con lo que UM no está conforme. Una posibilidad para salvar la ley, según Carbonero, es que aunque se mantenga esa prevalencia de suelos, el de transición no se utilice.
UM no está por esta fórmula. Su secretario general, Miquel Ferrer, reiteró la postura del partido y no rechazó el diálogo para buscar acuerdos pero «manteniendo nuestra oposición a construir en zonas que el plan territorial fija como rústico. Según Carbonero las áreas de transición tienen «vocación urbana» porque son las zonas de expansión previstas por los planes territoriales, siendo voluntad del Ejecutivo que las mismas estén disponibles en el menor tiempo posible.
El objetivo final es cumplir con el precepto constitucional de que todos los ciudadanos, de manera especial los que tienen menos recursos y los jóvenes, puedan disponer de una vivienda «digna», dijo.
Carbonero destacó que desde el Govern confían en el entendimiento de los grupos políticos que apoyaron en su día la constitución del Ejecutivo autonómico y que hasta ahora han dado el visto bueno al texto, y «confiamos» en que con la ley que se apruebe se puedan construir esas 5.000 viviendas de protección pública.
El conseller se refirió también a la situación «complicada» que vive el mercado de la vivienda en Balears, después de que haya caído en enero de este año un 45 por ciento las operaciones de compraventa, mientras que han subido las hipotecas.
Carbonero reveló que el president del Antich, ha encargado a su departamento que realice «todos los esfuerzos posibles» para desarrollar iniciativas públicas que ayuden a superar esta situación al sector inmobiliario y a los propios ciudadanos.
Las mismas se refieren a la compra por parte del Govern de suelo urbano para edificar viviendas de protección pública por valor de más de 20 millones de euros.
El conseller explicó que «tenemos muy adelantadas» las negociaciones para la compra de edificios concluidos que puedan ser calificados como viviendas de protección pública.
Finalmente, ha recordado que el Govern dedicará 28 millones para construir 450 viviendas «públicas» en el Polígon de Llevant de Palma y otras 862 en Menorca y pidió a las empresas privadas que se acogieran a estas fórmulas ya que llevan aparejadas subvenciones del Govern.