Empezó como una moción presentada por el PP en la que solicitaba la creación de un consorcio para proteger la legalidad urbanística en suelo rústico y terminó en un acuerdo para poner en marcha un organismo que persiga la indisciplina. El pleno del Consell de Mallorca fue el escenario ayer de un intenso debate sobre la necesidad de poner fin a las obras ilegales en rústico, que finalmente se saldó con una resolución adoptada por unanimidad.
Todos los grupos con representación en la institución insular coincidieron en resaltar la necesidad de terminar con la indisciplina urbanística. Sin embargo, la figura propuesta por el PP, un consorcio, quedó de entrada descartada por «cuestiones jurídicas», según Maria Lluïsa Dubon, consellera insular de Territori, y porque hay otras «más efectivas» como, por ejemplo, una agencia o, como propone UM, un Síndic del Territorio.
El PP realizó tres preguntas a Antoni Pascual, conseller insular d'Obres Públiques, sobre el convenio de carreteras firmado con el Ministerio de Fomento. Pascual afirmó que tiene «el compromiso» de Madrid de que «en junio se adjudicarán las primeras obras», las que corresponden a la variante de Son Servera, el tercer carril de la Vía de Cintura y el acceso a es Molinar. Aún así, Pascual incidió en que «hubiera sido mejor tener la encomiendo de gestión para poder empezar a trabajar».