Han transcurrido ya cinco lustros desde que en el Boletín Oficial del Estado apareciera publicado el Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el marco jurídico que daba carta de la naturaleza a la actual Comunitat Autònoma, heredera del Consell General Interinsular que sustituyó la vieja Diputación Provincial.
El camino hasta alcanzar las actuales cotas de autogobierno de las que gozan Balears no ha sido sencillo. El recorrido previo del Estatut estuvo sembrado de no pocas polémicas y serios obstáculos, el primero y más significativo en la imposición de la vía del artículo 143 de la Constitución frente a la del artículo 151, que apartó a las Islas del primer grupo de comunidades -País Vasco, Catalunya, Galicia y Andalucía- que obtuvieron un importantísimo paquete competencial frente al resto.
Cuestiones como el idioma, la bandera, la paridad y proporcionalidad, la creación de los consells insulars..., fueron objeto de enconadas disputas políticas entre los diferentes partidos hasta que se logró el acuerdo definitivo que se sancionó en el Congreso de los Diputados, dejando a Balears en la cola de la creación de las nuevas autonomías que conforman el Estado español.
De todos modos, el balance -con la perspectiva de un cuarto de siglo de autogobierno- es positivo. Los ciudadanos de Balears han conocido un período de enormes avances económicos y sociales en estas más de dos décadas, ha sido -está siendo- responsable de su propio destino, en especial con la ampliación competencial y la última reforma estatutaria. No obstante, todavía queda por resolver una cuestión capital: la financiación. El principio de suficiencia financiera debe cumplirse para que la autonomía de Balears sea una realidad y no un objetivo inalcanzable.