Los sindicatos que representan a los funcionarios de la Administración de Justicia de Balears han calificado de «declaración de guerra» la decisión del Gobierno central de retirar la última propuesta realizada, volviendo a los términos iniciales anteriores al comienzo de la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de febrero.
«Si quieren guerra, la tendrán», afirmaron a este diario los dirigentes sindicales Andrés Bou y María Antonia Juan, del CSI-CSIF.
A pesar de que el Gobierno ha convocado a los sindicatos el lunes en Madrid, éstos afirman que dicha convocatoria de mesa de negociación «no será para realizar una nueva propuesta que permita terminar el conflicto».
«Si este es el escenario que el Ministerio (de Justicia) pretende imponer, no es más que una declaración de guerra a los trabajadores, que sólo nos debe hacer enfurecernos más, pues es una auténtica tomadura de pelo para los trabajadores, tras diez días de huelga indefinida con cerca del cien por ciento de participación, lo que nos debe hacer intensificar las medidas de presión», señala CCOO en un comunicado. En Palma, los trabajadores han convocado manifestaciones y concentraciones para toda la semana e, incluso, no descartan otras medidas extremas, como el encierro en algunos juzgados, según avanzó Andrés Bou.
Mientras tanto, la situación en la Administración de Justicia de Balears sigue siendo caótica. Los sindicatos cifran en 3.600 los juicios suspendidos desde el comienzo del paro, y en centenares las vistas aplazadas, varias de ellas relacionadas con causas de gran actualidad, como los casos «Andratx», «Can Domenge», «Operación Relámpago», entre otros. Los registros civiles y los juzgados de lo Mercantil también están funcionando bajo mínimos.
Si a todo ello se une la decisión de los jueces de Palma de disminuir de forma sensible su actividad, también en demanda de aumentos salariales, el panorama que hallan los operadores en las sedes judiciales es desolador.
Las asociaciones judiciales con implantación en Balears, remitieron ayer un comunicado en el que niegan haber iniciado una huelga de celo. «La decisión de los jueces de Palma constituye el seguimiento del criterio recomendado a nivel nacional a consecuencia de las reivindicaciones salariales, y consiste en el cumplimiento normal de la carga de trabajo asignada con exclusiva eliminación del sobreesfuerzo extraordinario que venían desarrollando, y en modo alguno supone una huelga de celo», señala la nota.
Por otra parte, el presidente del Govern, Francesc Antich, reiteró ayer que debe ser el Gobierno central quien llegue a un acuerdo con los funcionarios de los organismos de justicia y, en este punto, aseveró que el Govern ya le ha trasladado al Ministerio su «preocupación y deseo» de que se hagan todos los esfuerzos para encontrar una solución «lo más rápida posible» a este conflicto.
Antich realizó estas declaraciones a los medios de comunicación tras realizar una visita a las instalaciones de la feria ArtMadrid, y en relación a la intención de los sindicatos de intensificar las acciones de protesta si el Ministerio de Justicia no realiza una propuesta acorde con sus reivindicaciones.