El documento elaborado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el que se ofrece una serie de reflexiones para «estimular el ejercicio responsable del voto» ha originado una considerable polvareda política, toda vez que se considera un claro posicionamiento de la jerarquía española en contra del Gobierno socialista ya que critica, con dureza, las principales iniciativas que ha desarrollado durante la legislatura que acaba.
El diálogo con ETA, el matrimonio entre homosexuales, la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía o determinados postulados nacionalistas son objeto de duras críticas por parte de los obispos españoles, los cuales invitan a apoyar opciones políticas que no contradicen los valores que defiende la Iglesia católica; circunstancia que se interpreta como un respaldo a las tesis que defiende el Partido Popular a pesar de que esta misma formación política, cuando detentó el poder, también negoció con ETA y no modificó leyes como la del divorcio o el aborto.
Al margen de polémicas coyunturales, nadie puede cuestionar la libertad de la Conferencia Episcopal para dar su opinión sobre cualquier tema, como cualquier otro colectivo en un país libre. Un aspecto diferente es querer condicionar el voto del electorado, católico o no, puesto que las leyes a las que se refieren los obispos -divorcio, aborto, matrimonio homosexual ...- son opciones a las que pueden renunciarse en función de las creencias religiosas. No es adecuado, por tanto, apelar a la moral católica como único principio que debe regir la vida política de España, éste es el error en el que, en apariencia, con aviesas intenciones se manifiesta la más alta jerarquía de la Iglesia española. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La frase tiene dos mil años.