El año judicial ha empezado con bríos en los tribunales de Palma, con más de una decena de causas en las que están imputados políticos y profesionales de distintas áreas. La mayoría de ellas están impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción de Balears, integrada por Juan Carrau y Pedro Horrach, que no dan abasto para investigar y denunciar hechos supuestamente delictivos.
La presión a que están sometidos los jueces es enorme, y una de las primeras víctimas ha sido el navarro Àlvaro Latorre, de Instrucción 12, que investiga el 'caso Andratx', de una parte de las 'dobles ventas', y 'Can Domenge', entre otros, que ha pedido el traslado. También, el juez Pedro Barceló planteó dos escritos de abstención de los casos 'Plan Territorial de Mallorca' y 'Ayudas', pero la Audiencia de Palma sólo le admitió el primero.
Can Domenge. Han declarado varios imputados en la querella interpuesta por el Grupo Nuñez y Navarro contra el concurso público para construir 600 viviendas en esos terrenos de Palma. El juez Latorre ha citado a más imputados y testigos.
Chalet de Santa Ponça. El 27 de febrero se reanuda esta causa, que imputa a la portavoz del Govern y ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, con la declaración del ex marido de ésta, Manuel Barajas. El caso lo investiga Instrucción 2, que lo ha archivado en dos ocasiones. La Audiencia de Palma ha ordenado continuar con una investigación.
Dobles ventas. Instrucción 11 ha asumido la investigación de una compleja causa, en la que el principal imputado es el ciudadano francés Patrick Duchemin. Anticorrupción también imputa al abogado Miguel Feliu, en libertad con fianza de medio millón de euros, diversos supuestos delitos.
Funcionario de Cort. Anticorrupción y la Policía Nacional están investigando a un funcionario de Cort, defendido por el abogado Laureano Arquero, por un presunto delito de tráfico de influencias.