El camino para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) sigue su curso y está tan avanzado que el Consejo de Ministros, mañana viernes, ordenará a la Abogacía del Estado que ponga en marcha los mecanismos para la ilegalización de ambas formaciones. Según el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, está claro que se trata de continuaciones de Batasuna y, por tanto, están al servicio de ETA.
Hay que tener presente que no se trata de una actuación de orden político, sino jurídico, con intervención de los tribunales de Justicia, que son los que deben dirimir, en última instancia, sobre este polémico asunto. Aunque la coincidencia con la precampaña electoral pueda enturbiar el clima en el que se adopten las decisiones de la Audiencia Nacional y dar juego a volver a situar el debate sobre el terrorismo en el primer plano de la batalla partidista, lo que sería, de nuevo, un enorme error. Si bien es verdad que pueden plantearse dudas de por qué antes se trataba de partidos legales y ahora, cuando se acerca el 9 de marzo, es preciso retirarlos de la escena pública, no debemos perder de vista que se trata de una decisión judicial que requiere de pruebas, no de meras presuposiciones, pruebas que, por otro lado, es preciso que sean absolutamente claras y evidentes.
Porque una cosa es cercenar las alas a un grupo terrorista, lo cual es una obligación del Gobierno y del Estado de Derecho, y otra muy distinta privar de sus derechos democráticos a una formación política con planteamientos independentistas. Esto último sería lamentable y supondría un grave menoscabo de los derechos de los ciudadanos, algo que debe evitarse a toda costa.