Los dramáticos casos de violencia de género, pese al esfuerzo legislativo realizado para poner coto a esta lacra de la sociedad, siguen registrándose con excesiva frecuencia y, generalmente, con resultados trágicos. El último que se ha registrado en Balears fue el de sa Pobla, que afortunadamente no acabó con la muerte de la víctima, aunque sí presentaba lesiones de consideración a causa de las siete puñaladas que le asestó el agresor.
Es evidente que es preciso que se dote de más medios a la policía y a la Justicia para poder poner en práctica alguna de las medidas a las que dieron luz verde en su día las Cortes. Y ya no es posible demorar por más tiempo la aplicación de las mismas. Se trata de evitar que ocurra un solo caso más de estas características, no únicamente de reducir las cifras de muertes.
Gobierno central y comunidades autónomas deben ir de la mano para poner al alcance de las posibles víctimas todos los medios precisos para que puedan hacer frente a la vida por sí mismas y no dependan, como sucede en demasiados casos, de sus agresores.
Naturalmente es preciso afrontar el problema desde el inicio, considerando que debe empezarse por educar a los niños desde la más tierna infancia en el rechazo a conductas que deben ser erradicadas por siempre.
Mientras no se produzca una mayor dotación de medios, nos encontraremos con una legislación que es simple papel mojado. Y, aunque estemos en periodo de precampaña electoral, malo sería que el asunto se descuidara o, lo que es peor, se convirtiera en motivo de confrontación partidista. Y es que la sociedad percibe que algo está fallando y que debe actuarse con premura en este ámbito.