J.M. ALONSO/J.T.B.
La Guardia Civil puso ayer a disposición judicial, acusado de tráfico de personas, a uno de los nueve argelinos que llegaron anteayer a Eivissa en una pequeña patera, una zódiac sin motor que, previsiblemente, debió contar con el apoyo de un barco mayor, una embarcación nodriza de la que no se tiene ningún dato.
El día en que se celebre el juicio podría ser condenado a una pena de entre cuatro y ocho años por un presunto delito de tráfico de personas, tipificado por el Código Penal.
Los otros ocho están hospitalizados en Can Mises, alguno de ellos en estado más grave de lo que, en principio, se informó el día anterior.
El detenido dijo que su destino era Almería y explicó que zarparon de Argel en la misma zódiac en la que llegaron a Eivissa pese a que ni la Guardia Civil, ni la policía ni los expertos dan mucho crédito a esa declaración.
Aunque no está claro del todo si, finalmente, uno de los tripulantes era menor, se ha decidido tratarlo como si así lo fuera para garantizar todos sus derechos.
Los menores inmigrantes son acogidos por los servicios sociales (en este caso por el Consell de Eivissa) hasta que se localiza a sus familiares. Los menores no son expulsados a su país si no se sabe quienes son sus familiares.
El caso, como en otras ocasiones, derivó en trifulca política y el Partido Popular, a través de Miquel Ramis, no desaprovechó la ocasión para cargar contra el delegado del Gobierno, Ramón Socías. En la rueda de prensa semanal del grupo popular, Ramis acusó al delegado del Gobierno de «agravar el problema» al «no reconocer la existencia» de una posible ruta de inmigración hacia Balears.