Aunque ya era conocido el dato, ayer fue cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un Consejo de Ministros extraordinario, disolvió las Cortes, poniendo fin a una legislatura tensa en la que, como en todas, ha habido luces y sombras. Nació convulsa, presa del mayor atentado registrado en la historia de España, y el Partido Popular (PP) quedó relegado a la oposición sin acabar de digerir los errores que condujeron a su derrota.
Rodríguez Zapatero, desde su acceso a La Moncloa, ha impulsado notables políticas sociales, aunque, bien es verdad que algunas están pendientes de desarrollo y de acuerdo con las comunidades autónomas. Tal es el caso de la Ley de Dependencia, un instrumento esencial, pero que requiere de dotación suficiente. Se ha impulsado una política de alquiler de vivienda, con una subvención a los jóvenes para que puedan acceder a ella. Y se han aprobado diversas leyes, como la de matrimonios homosexuales, que ponen fin a una discriminación tan antigua como injusta.
Pero a nadie se escapa que el intento de acabar con el terrorismo de ETA terminó en fracaso, más que nada porque la banda jamás tuvo el menor interés en dejar la violencia. Sin embargo, tanto el Gobierno como el PP son culpables de haber convertido el asunto en centro del debate, otorgando una fuerza a los violentos que jamás debieron tener.
Y, tras la aprobación de varias reformas estatutarias que han supuesto un avance considerable, sigue aún en el aire el modelo territorial del Estado, un modelo que permita la convivencia común desde la diferencia y que dé el mayor autogobierno posible a cada una de las nacionalidades y regiones. En economía, pintan bastos al final de la legislatura y, aunque sería injusto culpar al Ejecutivo saliente de la situación actual, sí es responsabilidad suya no haber afrontado medidas estructurales imprescindibles para atenuar los efectos de la desaceleración.
En cualquier caso, el pistoletazo de salida ya se ha dado y la última palabra sobre lo que ha de ser la política en los próximos cuatro años la tendrán los ciudadanos el próximo 9 de marzo. Ellos decidirán.