El presidente de la Asociación de Promotores de Balears, Gabriel Oliver, aseguró ayer que las recientes actuaciones en materia de territorio del Govern y del Consell de Mallorca han creado una «inseguridad jurídica» que provoca que las empresas promotoras de las Islas estén «huyendo» hacia otros destinos que les ofrezcan mayores garantías de estabilidad.
Oliver afirmó que este extremo «ya está ocurriendo» y se produce «cada vez más». Según dijo, las inversiones de compañías peninsulares y europeas también se están reduciendo y todo ello se traduce en la paralización de proyectos en marcha con el consecuente perjuicio para los propietarios de los terrenos y los trabajadores de estas empresas.
Oliver calculó que la situación que vive el sector de la construcción, agravada por estas iniciativas de las administraciones, podría dejar sin trabajo a entre 5.000 y 10.000 personas en Balears. En este sentido, criticó que las administraciones no hayan previsto ésto.
El presidente de los promotores consideró «lamentable» la situación creada a raíz de la aprobación por parte del Govern del decreto ley de medidas cautelares de protección del territorio y por parte del Consell de la norma cautelar que dicta una moratoria en 14 zonas de la isla. «No estamos en contra de la protección del territorio, pero hacerlo a través de moratorias no es adecuado», afirmó.
En su opinión «se aprueban medidas cautelares de un día para otro y con criterios subjetivos, protegiendo una zona sí y otras no que tienen las mismas características».
Para Oliver con este tipo de iniciativas se está rompiendo una estabilidad a la que se había tardado años en llegar y que se establecía en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y en el Plan Territorial Insular (PTI) de Mallorca. «El trabajo hecho durante diez años no ha servido para nada» lamentó.
En concreto, se refirió a la intención del equipo de gobierno del Consell de suprimir las Àreas de Reconversión Territorial (ART) directas del PTI y aseguró que «tiene aún menos explicación en los casos en que afecta a suelo urbano».
Oliver calificó de «absurdo» que el Consell entre a regular el suelo urbano, ya que se trata de una competencia de los ayuntamientos.
Por último, recriminó a todos los partidos políticos que se lancen a la carrera de la protección del territorio y consideró que demuestran una actitud «ilógica», ya que ninguno de los gobiernos autonómicos manifestó en las pasadas legislaturas interés por proteger estas zonas que ahora se ven afectadas por las moratorias.