«He luchado y continúo luchando por las causas justas que dan sentido a mi vida» afirmó ayer la maestra jubilada Maria del Carme Pons, después de recibir la Medalla de Oro al Trabajo, en reconocimiento a su trayectoria profesional, de manos del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en las escaleras de la sede de la Delegación del Gobierno.
El acto contó con la presencia del president del Govern, Francesc Antich; el delegado del Gobierno, Ramón Socias; las conselleras de Treball y Agricultura, Margarita Nájera y Mercè Amer; y el alcalde de Son Servera, pueblo natal de la galardonada, José Barrientos; la familia de Maria del Carme, capitaneada por su marido, Bernat, sus hijos y nietos, y muchos compañeros y amigos.
Durante su intervención Pons agradeció la distinción recibida y compartió con su familia el haber sido distinguida con la Medalla de Oro al Trabajo tras una vida dedicada a la «bella palabra educación» y ayudando a muchas personas, además de trabajar «dentro y fuera de casa».
El ministro de Trabajo se congratuló de tener la oportunidad de entregar a Maria del Carme «el galardón más importante» que entrega su departamento, lo que es un homenaje «de toda la sociedad española» a una labor «callada y generosa» en favor de la educación de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas.
Maria del Carme Pons Llabrés (Son Servera, Mallorca, 1942) es maestra y licenciada en Filosofía, durante su larga vida profesional se especializó en alfabetización de adultos e impulsó el «Libro blanco de educación de adultos». Hasta su jubilación ha sido inspectora de educación.
La concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Maria del Carme Pons fue aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2007, junto con otras 33 personas. Este galardón tiene como objetivo premiar y destacar el mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, tal y como especificaron ayer desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por otra parte, el ministro Jesús Caldera y el president Francesc Antich firmaron ayer, en el Consolat de Mar, dos acuerdos de colaboración para la ejecución de proyectos sociales.
Balears dispondrá en los próximos tres años de 52 millones de euros (26 aportados por el Gobierno central y los otros 26 por el Ejecutivo balear) para realizar mejoras en la red de residencias y centros de atención a personas dependientes, al tiempo que, en cuatro años, pretende que todo su transporte público, incluido el metro, sea accesible para las personas discapacitadas.
En cuanto a facilitar la accesibilidad ambos gobiernos se comprometen a llevar a cabo actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas y virtuales que dificulten la vida diaria de las personas con discapacidad. Destacan las actuaciones que se llevarán a cabo en el entorno del metro de Palma y el plan piloto que se pondrá en marcha en Formentera. En este sentido, se realizará un estudio detallado de las necesidades de accesibilidad en áreas determinadas de carácter previo al plan de actuación y las obras.
En respuestas a preguntas de la prensa en referencia a la propuesta de Mariano Rajoy de crear un Ministerio de la Familia si gana las elecciones, el ministro Caldera dijo que, durante esta legislatura, se ha hecho «la política de familia más intensa» en España desde la recuperación de la democracia, y puso como ejemplos la Ley de Dependencia, la ayuda de 2.500 euros por el nacimiento de cada hijo, que ya han recibido un total de 2.000 personas en las Islas, y los nuevos permisos de paternidad de los que ya se han beneficiado un total de 3.500 padres de Balears.