La portavoz de la oposición y alcaldesa en el pasado mandato, la popular Catalina Cirer, pidió ayer al equipo de gobierno, que preside la socialista Aina Calvo, que paralice, de momento, el inicio de aquellas actuaciones previstas en el marco del proyecto de la futura fachada marítima que «afectan de forma directa a la vida de determinadas personas», en referencia a la demolición prevista para este mismo mes de enero del Servei d'Acolliment i Promoció Sociolaboral (SAPS) "conocido como albergue de transeúntes de Can Pere Antoni" y del edificio sin terminar y en ruinas ubicado en el número 20 de la calle Brotad.
Cirer, que recordó que «el PP está y ha estado siempre a favor del proyecto de la fachada marítima y del Palacio de Congresos», destacó que para su partido «lo más importante, antes que cualquier proyecto, son siempre las personas». Cirer estaba acompañada por el portavoz adjunto y teniente de alcalde de Esports i Joventut en el pasado mandato, el popular Rafel Durán, y por la regidora popular Margalida Ferrando, que fue la edil de Serveis Socials en el pasado mandato.
«En este caso y en otros que afecten a personas, quiero reiterar nuestro compromiso de no utilizarlos nunca como arma de confrontación política», afirmó Cirer, que ofreció la colaboración del PP en este sentido. «Sabemos que es un asunto difícil, y por ello insistimos en la responsabilidad y en la prudencia para llevar a cabo este tipo de actuaciones», afirmó.
Durán sí criticó, no obstante, que el equipo de gobierno no haya facilitado aún información sobre el proceso de desalojo previsto en el albergue de Can Pere Antoni, «a pesar de que dicha información la solicitamos hace ya un mes y medio».
Cabe recordar que en estos momentos, el teniente de alcalde de Benestar Social i Participació, Eberhard Grosske, del Bloc, está buscando una ubicación provisional para los usuarios de Can Pere Antoni, que en un principio tenía que ser el Hotel Mónaco, y supervisa también el proceso de desalojo de las familias que vivían en el citado edificio de la calle Brotad. En este sentido, Grosske confirmó ayer que de las 14 familias que vivían en dicha finca, 12 han sido ya realojadas.