La ley de vivienda que como proyecto aprobó el Govern, para el inicio de su tramitación parlamentaria, concreta las fórmulas que se quieren arbitrar para paliar uno de los grandes problemas de Balears: la ausencia de una oferta asequible de viviendas para amplias capas de la sociedad. La cuestión, en las Islas, no es el número "el parque de pisos vacíos o en venta es suficiente para cubrir las necesidades" sino su precio, inalcanzable con los actuales niveles de renta tras la escalada de los tipos de interés.
El estudio previo al proyecto de ley realizado por la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques pone de manifiesto las alternativas existentes para poder poner en el mercado inmobiliario balear una oferta de viviendas tasadas (VPO), concluyendo que sólo mediante convenios urbanísticos con los promotores es posible abordar soluciones viables. Obtener el máximo de parcelas urbanizables en las principales poblaciones de Balears, ofreciendo un notable incremento en su edificabilidad (duplicando su densidad en el caso de Palma) con el compromiso de destinar el 50 por ciento a VPO son, en principio, las principales armas de las que quiere disponer el Govern mediante la nueva ley de la vivienda.
Los grupos ecologistas, arquitectos y la oposición del PP ya han mostrado su rechazo a la opción de que se recalifiquen terrenos considerados rústicos para construir VPO, una posibilidad que el presidente Antich no quiere retirar del proyecto. Compatibilizar el crecimiento urbanístico minimizando el consumo de territorio es la difícil ecuación que debe resolver, en primera instancia, el Govern. Más adelante será preciso conocer con detalle los proyectos que se quieren llevan adelante y si, en realidad, la futura ley acaba con la espiral especulativa que nos está ahogando. Hasta entonces cabe el escepticismo.