El Parlament aprobó ayer la ley de acompañamiento de los presupuestos tras un debate sobre corrupción que protagonizaron el diputado del PP José María Rodríguez y el parlamentario del Bloc per Mallorca Antoni Alorda.
«Hace un año en este mismo debate fui objeto de una cruel persecución política, sin que los juzgados me acusasen de nada. Me intervinieron más de 600 conversaciones telefónicas y vengo a esta Cámara hoy a quejarme porque es el momento oportuno de decirlo. Hoy la prensa viene que se sale, pero hay un silencio clamoroso. Nadie dice nada y es un escándalo lo que hay ahora mismo. Al ser de los suyos, no pasa nada. Si fuese el PP, seríamos primera página», lamentó Rodríguez.
Sólo Antoni Alorda, del Bloc per Mallorca, contestó a Rodríguez: «Me hubiese gustado que la valentía que ha tenido hoy [por ayer] Rodríguez la hubiese tenido el pasado año en este debate».
Al margen la corrupción, el pleno estuvo marcado por la normalidad. En la ley de acompañamiento sólo se aprobaron cuatro enmiendas presentadas por el PP. Una de ellas aumentará entre 20 y 30 euros por persona las bonificaciones por discapacidad en el Impuesto de Patrimonio.
Discapacidad
También se aceptó otra modificación planteada por los populares para reducir las sanciones para actividades subacuáticas. Durante el debate, el PP criticó el incremento del sueldo de algunos altos cargos, algo que negó el grupo socialista a través del diputado Joan Boned.
«Los sueldos sólo han aumentado en función del IPC», dijo.
El grupo popular, a través del diputado Santiago Tadeo, planteó la necesidad de hacer modificaciones en la ley de acompañamiento en un momento de recesión económica. Algunos portavoces contestaron al PP que había presentado una enmienda a la totalidad por «inercia». La ley de acompañamiento que aprobó ayer el Parlament con los votos en contra del PP recoge una mejora en la aplicación del tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales del 3 por ciento en la modalidad de transmisiones si se trata de la vivienda habitual del contribuyente cuando éste sea menor de 36 años si tiene un grado de minusvalía superior al 65 por ciento.
La ley incrementa también el importe de la reducción de las donaciones dinerarias de padres a hijos. Pasa de 30.000 a 60.000 euros cuando son contribuyentes con algún tipo de discapacidad.