Las empresas consignatarias que operan en el Port de Palma denuncian la situación que han padecido desde junio en el Port, como consecuencia de la huelga de Remolcanosa, ya que durante más de seis meses han tenido que desarrollar su actividad ante una situación de indefensión por no poder atender sus compromisos empresariales con las navieras, transportistas, proveedores y clientes preferenciales, caso de los buques de la OTAN y de la USNAVY, al no poder realizar escala por falta de remolcadores.
La mediación del delegado de Gobierno, Ramón Socías, en este conflicto, ha facilitado que tanto la empresa como sindicatos lleguen a un acuerdo, de ahí que desde principios de este mes el conflicto ha remitido, restableciéndose la normalidad en el Port de Palma.
Empresas afectadas
La huelga de Remolcanosa impidió, según las consignatarias, entre ellas Transcoma, y agencias representantes, caso de Viajes Formentor, que buques como el «Queen Elisabeth II», cruceros como el «Royal Iris», portahelicòpteros y buques de la USNAVY y flotillas de la OTAN, se vieran obligadas a desviarse a otros puertos para poder hacer escala, «circunstancia que ha generado a las empresas consignatarias pérdidas económicas muy importantes. En estos momentos estamos en pleitos con los clientes, puesto que hay que atender a las reclamaciones por los servicios no prest ados, caso de excursiones, provisiones de alimentos contratados y servicios en tierra».
Las empresas consignatarias afectadas indican que «la imagen del Port de Palma se ha visto tocada, puesto que tendrán que pasar muchos meses para poder recuperar la confianza de las navieras que se han visto afectadas por la huelga de la empresa concesionaria del Port de Palma para remolcar los buques al Port».
Las empresas cifran en unos seis millones de euros las pérdidas económicas, al margen del propio efecto negativo para el comercio de Palma el hecho de que los buques militares no hayan podido atracar en Palma.
Todas las empresas respetan el derecho de huelga de los trabajadores de Remolcanosa, pero culpan a la Autoritat Portuària que no haya aplicado un plan de emergencia para solventar la falta de servicio, pese a ser un puerto de interés general.