Los promotores del centro comercial y de ocio turístico Aqua Mágica acusaron ayer al Govern de generar inseguridad jurídica al aprobar el decreto ley de medidas de protección cautelar de espacios en los que existen intereses legalmente consolidados, el cual iniciará su tramitación parlamentaria el próximo martes. Los promotores amenazan con reclamaciones ante los tribunales, calculan una indemnización mínima de 100 millones de euros por la compra de terrenos y los costes de las licencias, y afirman que se plantean trasladar su inversión de 200 millones de euros a otra zona de España.
Así lo indicó Guillem Alomar, portavoz de Aqua Mágica, en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Hoteleros de Platja de Palma, Francisco Marín, entidad que apoya la construcción del complejo, y el biólogo que elaboró el plan rector de Ses Fontanelles, aprobado por el Ajuntament de Palma, Àngel Pomar.
Guillem Alomar recordó que Ses Fontanelles fueron clasificadas como suelo urbanizable no programado en el Plan General de 1985, siendo alcalde Ramon Aguiló y concejal de urbanismo Jaume Carbonero, y pasaron a ser urbanizables programados para uso residencial en la revisión del Plan General de 1990, siendo gerente de urbanismo Francesc Antich.
Alomar recordó que la modificación del Plan General del año 1998, para adaptar la norma al Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), previó una zona deportiva, zona verde y terrenos de uso empresarial complementario, es decir, de uso comercial, ocio y restauración.
En cuanto a la tramitación del plan parcial de Ses Fontanelles, Alomar informó que su estructura básica consistía en preservar el «Limonium Barceloi», una especie de planta endémica de Balears, e integrar la red viaria con la del suelo urbano colindante.
El promotor indica que este Plan Parcial se aprobó de forma provisional en mayo de 2003 con los informes favorables de la Dirección Insular de Carreteras y de Recursos Hídricos, Ministerio de Defensa, Emaya, Gesa-Endesa, Telefónica, Dirección general de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) por su cercanía al aeropuerto, mientras que el Ajuntament desestimó la alegación presentada por el GOB. Alomar recordó que posteriormente, en julio de 2003, suscribió con el Ajuntament de Palma del PP un convenio urbanístico que sigue vigente, recordó que el proyecto obtuvo el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente, al tiempo que la Dirección General de Costas retiró un informe de deslinde que hubiera podido parar el proyecto.
Guillem Alomar recordó que cuando tomó posesión el nuevo gobierno municipal alcanzaron un acuerdo para aumentar la protección y cedieron al Ajuntament de Palma el 70 por ciento de los terrenos, que incluyen el 100 por cien de la zona húmeda. Alomar también ha negociado con Cort la construcción de un jardín botánico de 70.000 metros cuadrados en la finca.
En concreto, Cort es el propietario de 178.059 metros cuadrados de zona verde, de otros 16.963 metros destinados en principio a equipamientos deportivos y de 31.901 metros para la construcciíon de viales y aparcamientos.
La promotora ha pagado además al Ajuntament 4'755 millones en concepto de convenios urbanísticos y tasas de licencias de obras.