«El proyecto (de ley) de adopción no recoge cómo concliliar la vida laboral y familiar», afirmó Salomé Adroher, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que ayer pronunció en el Colegio de Abogados una conferencia sobre adopción internacional en el derecho español, organizada por la Asociació Illes Balears d´Adopcións, que preside Ramon Rotger.
España es el país donde se adoptan más de 5.000 menores al año procedentes de más de 30 países. La futura ley «facilitará los trámites de adopción de menores extranjeros y garantizará que prevalezca siempre el interés del niño y el respeto por sus derechos», según sus impulsores. No obstante, como toda norma, tiene sus matices, según Salomé Adroher. «En lo relativo a las normas de derecho internacional privado, pretende, aunque no lo consigue del todo a mi juicio, unificar lo que se denomina la sociedad administrativa de la adopción, que es fundamentalmente competencia de las comunidades autónomas, en las que hay profundas diferencias entre unas regulaciones y otras», explicó. Para la jurista, el proyecto de ley de adopción internacional ha sido el resultado de «una deci sión rápida», teniendo en cuenta el peso de España en el número de adopciones. También destacó como un aspecto positivo el hecho de que al alcanzar la mayoría de edad, las personas adoptadas tendrán derecho a conocer los datos que de su origen biológico tenga la Administración.
La legislación internacional, nacional y autonómica ha tenido que ponerse al día con la lengua afuera en estos diez años. Esta evolución ha culminado con el proyecto de ley», precisó.
Dijo que la norma pretende ofrecer un marco general de obligaciones postadoptivas. «Las familias tienen esas obligaciones, pero la administración debe tenerlas con nosotros», subrayó .