En las últimas semanas se han dado a conocer nuevos casos de corrupción protagonizados por funcionarios municipales que han afectado a los ayuntamientos de Madrid y Palma, servidores públicos que, presuntamente, no han dudado en enriquecerse de un modo más o menos organizado aprovechándose de su situación privilegiada en las instituciones a las que pertenecen.
Aunque lo ocurrido en ambos ayuntamientos no es comparable en modo alguno, sí es preocupante el trasfondo que pueden encerrar. Los casos de funcionarios que simultanean su trabajo en la esfera pública con laAdministración, no son una excepción, incluso en niveles altos del funcionariado. Es inadmisible que una misma persona pueda informar o evaluar proyectos, conceder permisos o licencias e, incluso, autorizaciones de todo tipo, sobre actividades que llegan a su mesa previo paso por oficinas o despachos con los que guarda una relación familiar o profesional.
Está claro que no se trata de cuestionar la labor que diariamente realizan miles de trabajadores públicos de un modo honrado y cabal, pero ello no significa tener que admitir como inevitables prácticas censurables desde el punto de vista moral y legal. Todos los estamentos involucrados, desde la Administración y sus responsables políticos hasta la representación colectiva de los mismos trabajadores, deben tomar conciencia de que es urgente establecer una severísimo sistema de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública; sea del ámbito local, autonómico o estatal. Una tarea compleja, la casuística es infinita, pero ello no debe ser excusa para aplazar la adopción de medidas que garanticen que las decisiones que se toman desde las instituciones no están sometidas al arbitrio de un funcionario corrupto, agazapado en complicadas disposiciones legales que acaban favoreciendo su impunidad.