Madrid y Cataluña fueron las comunidades autónomas con mayor déficit fiscal con la Administración Pública Central (APC) en el período 1991-2005, a distancia de Balears y la Comunidad Valenciana, que también tuvieron saldos negativos.
Estos datos se desprenden del estudio «Las Balanzas Fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central, 1991-2005» dirigido por los catedráticos Ezequiel Uriel y Ramón Berberán, patrocinado por la Fundación BBVA y que presentaron ayer en rueda de prensa.
Del saldo entre ingresos y gastos se desprende que Madrid tiene un déficit con la Administración Pública Central de 2.302 euros per cápita, seguido de Cataluña (-1.094), Balears (-915) y la Comunidad Valenciana
(-37).
La metodología utilizada para calcular los saldos ha sido la de «carga-beneficio», que procede de la combinación de la carga fiscal que recibe un territorio y del beneficio que de ello obtiene, en vez de la de los «flujos monetarios», dinero que entra y sale de una comunidad.
Los ingresos y los gastos se imputan al territorio donde residen las personas, al margen de donde se localiza la recaudación o el gasto.
Según el estudio, la distribución de los ingresos está estrechamente relacionada con el PIB de cada territorio, y destacan por soportar una carga inferior a la media los regímenes forales de Navarra y el País Vasco, además de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, por sus peculiaridades fiscales.
Con una carga superior a la media están Asturias, Madrid y Cantabria y, si se atiende al ingreso per cápita, las comunidades más ricas -excepto las forales- contribuyen por encima de la media.
En cuanto a la distribución del gasto de la APC destacan Navarra y el País Vasco, que disfrutan de beneficios inferiores a la media, y en el extremo opuesto está Asturias, debido a las bonificaciones que recibe por el régimen especial de la minería. Reciben más de 1.000 euros per cápita Extremadura (2.375), Asturias (2.148), Canarias (1.544), Castilla-La Mancha (1.528), Galicia (1.422), Andalucía (1.421) y Castilla y León (1.420). Lo que reciben de la APC supone más del 10 por ciento de su PIB en Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias y Galicia.
Los autores han destacado que los saldos no varían demasiado a lo largo del período analizado y que la solidaridad interterritorial se sostiene a lo largo del tiempo, lo que ha favorecido el desarrollo de todo el territorio.