M.JUNCOSA
El Govern balear acometió durante la pasada legislatura dieciséis proyectos de carreteras y autopistas en Balears, que supusieron una inversión real de 519,716 millones de euros, una cantidad que superó en 30,4 millones los precios iniciales de licitación, según reflejan los datos facilitados por la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques del Ejecutivo balear.
De acuerdo con los datos del Govern, el desvío presupuestario en las once carreteras construidas en Mallorca ascendió a 28,539 millones de euros, sobre una inversión total presupuestada de 294,777 millones de euros. En el caso de Menorca se produjo un desfase de 1,9 millones en la construcción de la ronda sur de Ciutadella, mientras que en Eivissa no se produjo esta situación, aunque cabe recordar que los proyectos de acceso al aeropuerto y el desdoblamiento de la carretera entre Eivissa y Sant Antoni fueron financiadas mediante el sistema de «peaje en sombra».
Los proyectos con mayores pagos complementarios a las adjudicatarias se produjeron, en Mallorca, en las ampliaciones de las autopistas Inca-sa Pobla (6,45 millones de euros) y Palmanova-Peguera (5,9 millones de euros).
Los adjudicatarios
En general, la totalidad de las infraestructuras públicas fueron adjudicadas a uniones temporales de empresas en las que las sociedades de las Islas participaron de forma minoritaria con grandes constructoras peninsulares.
Es el caso por ejemplo de las ampliaciones de las autopistas de Llucmajor, en la que participaron Dragados con Matías Arrom Bibiloni; la construcción del tercer carril en la autopista de Inca, que fue ejecutada por una UTE formada por Necso Entrecanales y Aglomerados Mallorca S.A.; o la ampliación de la autopista de Ponent hasta Peguera, ejecutada por Ferrovial Agroman y Amer e Hijos S.A., entre otros casos.
Según informa la Asociación de Constructores de Balears, la participación máxima de empresas de Balears en las uniones temporales de empresas constituidas para la construcción de la totalidad de infraestructuras, no sólo carreteras, fue del 40 por ciento, mientras que la media se situó en el entorno del 10 y el 20 por ciento. Las grandes empresas peninsulares son capaces de realizar los trabajos a precios inferiores a los de las empresas de Balears y, de hecho, las adjudicatarias recurrieron casi en su totalidad a la subcontratación de unidades (partes) de las obras a veces a empresas especializadas o en la mayoría de los casos a las empresas con presupuestos más bajos.
Cabe recordar que los proyectos con presupuestos más caros de la legislatura no fueron los de carreteras sino los hospitalarios, que en su globalidad alcanzaron precios iniciales de licitación de 762,2 millones de euros. De esa suma, la gran mayoría corresponde al polémico proyecto de Hospital de Son Espases. Según ha afirmado el Govern balear, los desfases presupuestarios producidos en las obras públicas ejecutadas durante la pasada legislatura han supuesto en primer lugar un crecimiento de la deuda de la Comunitat Autònoma.
Las uniones temporales de empresas se constituyen de forma puntual para la captación y realización de grandes proyectos públicos. En las infraestructuras construidas durante la pasada legislatura, tanto de carreteras como de hospitales u otras, fueron participadas muy mayoritariamente por grandes constructoras peninsulares, como las citadas Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados o Sacyr, entre otras, junto con empresas locales.