La ley que permite construir viviendas de protección oficial y a precio tasado en suelo rústico (no en todo el suelo rústico y con condiciones) ya recoge las aportaciones que ha hecho el Consell de Mallorca que preside Francina Armengol y cuenta con el 'sí' de UM aunque todavía no ha sido debatida por el Consell de Govern.
El anteproyecto, elaborado por el conseller Jaume Carbonero, no incide únicamente en el suelo rústico (tanto Bloc como parte del PSOE se negaban a aceptar una ley que exclusivamente se ocupara de «legalizar» la construcción de terreno rústico) pero sí incorpora al llamado «suelo rústico de transición» el mismo régimen que las viviendas de protección oficial tienen en urbano, incluso la posibilidad de vender pisos sociales a precio de mercado cuando han transcurrido varios años de su compra.
Fuentes del Bloc y de grupos ecologistas como el GOB interpretan que eso abre la puerta a la especulación en rústico.
La ley establece dos tipos de vivienda sociales, a precio tasado y de protección oficial, que se construirán en unas zonas llamadas Reservas Estratégicas. Los promotores, a quienes la Administración autonómica dará facilidades económicas, reservarán la mitad de sus promociones a pisos de protección oficial y de precio tasado.
Pasados diez años, los pisos comprados a precio tasado, podrán venderse a cualquier precio. Al menos, en la primera versión del anteproyecto, que ya conocen todos los partidos del Ejecutivo. No se descarta aumentar el plazo.
Condiciones
La Llei d'actuacions urgents destinades a la obtenció de sòl per a habitatges de protecci´p pública, que ese es el título del proyecto, contempla una serie de medidas específicas y complementarias a la Ley del Suelo estatal y que incorporan una peculiaridad autonómica: la utilización de suelos rústicos de transición, es decir aquellos que están plenamente integrados en la estructura urbana y que bien podrían ser urbanizables. Estos suelos rústicos de transición deberán estar ubicados en zonas calificadas como «Areas de Transición de Crecimiento». Esos terrenos rústicos, en lo que se construirán pisos protegidos, deberán pertenecer a un único propietario o, según la ley, «a varios propietarios que se comprometan formalmente a constituir una entidad o asociación que actúe como propietario o interlocutor único. Una vez construidos los pisos de protección pública su adjudicación se efectuará según la legislación actual. En definitiva, y según precisan desde el Ejecutivo, se trata de garantizar suelo con carácter general.
El proyecto no se vio ayer en el Consell de Govern. Este diario ya informó de la oposición de Francina Armengol a construir en suelo rústico. Sin embargo, según se insiste desde la Conselleria que dirige Carbonero, «no estamos hablando de construir en el campo ni en suelo rústico». El suelo rústico de transición es prácticamente suelo urbanizable y es una continuación natural del urbano.
El president Antich ha mantenido ya varias reuniones con los promotores y los constructores, que se han mostrado receptivos a sus propuesta. Durante su intervención, hace unos días, en el foro de La Nueva Economía, el president ya expuso que el sector de la construcción era básico para su proyecto social.
Los partidos que forman el Bloc no aceptan que la 'ley Carbonero' se apruebe antes de la ley de medidas cautelares urbanísticas.