El Govern tiene previsto debatir hoy mediante un decreto ley -la primera ocasión que se aplicará una fórmula jurídica de estas características tras la aprobación del nuevo Estatut- y un proyecto de ley, una serie de medidas que garanticen la protección de distintos enclaves de Mallorca y Eivissa, amenazados por proyectos urbanísticos, algunos en fase de ejecución y otros en período de tramitación administrativa.
Los nombres que se barajan en el paquete de zonas son, en muchos casos, emblemáticos. Son Massot, Son Real, Muleta, es Vilà, Cala Tuent, ses Feixes, Regana, Cala Marçal, ses Fontanelles... así hasta completar más de una veintena de puntos en los que el Govern quiere dejar garantizada su preservación. Sin embargo, el objetivo de la medida, anunciada por el president Antich en el pasado debate sobre Política General, plantea algunas dudas de orden político y jurídico que invitan a abrir un período de reflexión sobre esta iniciativa; tal y como ya le han hecho llegar al president algunos de sus socios en el Govern.
La decisión que quiere tomar Antich afecta a terrenos urbanizables o con proyectos que disponen de sus preceptivas licencias, un aspecto que vuelve a poner en primera línea del debate político y social la inseguridad jurídica que envuelve el urbanismo en Balears; marcado siempre por medidas excepcionales que han tratado de evitar auténticas tropelías al paisaje y con la amenaza de la obligación de tener que abonar indemnizaciones millonarias.
No puede ponerse en duda que es imprescindible intervenir, desde la Administración, para detener intervenciones sobre el territorio cuyas consecuencias acaban siendo irreversibles. En cualquier caso, lo exigible a nuestros gobernantes sería que lo hicieran con sensatez.