Los dirigentes de Uniò Mallorquina (UM) Maximiliano Morales y Bartomeu Vicenç declararon ayer ante el fiscal anticorrupción de Balears Juan Carrau por la calificación de terrenos del polígono industrial de Son Oms. El fiscal les imputa un supuesto delito de tráfico de influencias. También, acudieron a la sede de la Fiscalía los abogados Jaime y Manuel Montis.
Anticorrupción investiga la calificación de terrenos (unos 500.000 metros cuadrados) en el proceso de creación del polígono tras recibir una denuncia del empresario Àngel Ochando Javaloyas, propietario de varias naves en Son Oms.
El empresario, muy conocido en Palma, era administrador único de la sociedad Edisalam SA, que desempeñó un papel clave en el denominado «caso Agricultura», archivado en la década de los noventa por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Edisalam vendió el inmueble, y el tribunal investigaba el posible pago de una comisión de 9 millones de pesetas al ex presidente del Govern Gabriel Cañellas por la operación de compra del edificio de la Conselleria d'Agricultura situada en la calle Foners de Palma
Se da la circunstancia de que Morales y Vicenç desempeñaban en 1990 funciones totalmente ajenas a la política, ya que el primero actuó en la gestación del polígono de Son Oms como asesor financiero, y el segundo, en calidad de abogado. En las breves declaraciones que Bartomeu Vicenç realizó ayer a los medios de comunicación, dejó claro que su interés “es colaborar en todo lo que pueda con la justicia». «Todo se remonta a 1990, de mi época de abogado, y no es una investigación de significado político», precisó.
Anticorrupción está apoyando la investigación con documentación obtenida por guardias civiles de la Unidad Adscrita a la Audiencia de Palma. En caso de que halle indicios de la comisión de algún delito, remitirá el caso al juez. Si no es así, lo archivará. Ayer, asimismo, prestó declaración el abogado Jaime Montis, que asistió a la Junta de Compensación. «Está todo claro», se limitó a comentar con los periodistas al abandonar la sede de la Fiscalía.
Fuentes judiciales expresaron ayer su sorpresa por la investigación de desarrollada por Anticorrupción, diecisiete años después de ocurridos los hechos.
«Mala fe»
Un portavoz de UM fue, incluso, más lejos y aseguró que existe «una evidente mala fe» en el denunciante.
El polígono industrial de Son Oms está situado en los aledaños del aeropuerto de Palma y en los últimos años ha sido noticia por albergar a cientos de coches de alquiler en terreno rústico.
Fue una instalación polémica desde sus inicios, ya que algunos propietarios de terrenos se quejaron de que sus solares, vendidos como suelo rústico de escaso valor, se revalorizaron muy poco tiempo después. El hecho de que la Guardia Civil haya intervenido en la investigación de la denuncia demuestra el interés de la Fiscalía Anticorrupción de llegar al fondo del asunto, aunque también, otras fuentes señalan que por el tiempo transcurrido en caso de que las diligencias prosperen, todo quedaría prescrito. Hasta ahora, han sido interrogados varios ex propietarios de terrenos y empresarios que han adquirido naves en Son Oms. El fiscal Juan Carrau tiene en su poder una amplia documentación que ha estado revisando en los últimos meses bajo secreto con el objetivo de no entorpecer las investigaciones. Según trascendió ayer, es probable que la ronda de interrogatorios continúe en los próximos días.