El Ministerio de Medio Ambiente recurrirá a la expropiación para hacerse con fincas costeras de Balears si no llega a un acuerdo de compra con los propietarios «a un precio razonable».
Así lo declaró la ministra, Cristina Narbona, tras intervenir en el curso de verano sobre «Patrimonio Natural, Biodiversidad y Sostenibilidad del Desarrollo en el Medio Rural», que tiene lugar en al UIB.
Narbona reconoció que una de las fincas costeras que están «sobre la mesa» es ses Covetes, donde sucesivas sentencias han reiterado la ilegalidad de los aparatmentos allí construidos. Sin embargo, queda un recurso por resolver y el Ministerio esperará a conocer su resultado para concretar la operación.
A pesar de que algunas de estas fincas costeras están acogidas a alguna figura de protección, Cristina Narbona considera necesario incorporarlas al dominio público marítimo-terrestre porque ésta sería una manera de «blindarlas» y garantizar su preservación en caso de que alguna decisión política futura las desprotegiera.
Como se recordará, el Ministerio de Medio Ambiente ha destinado 12 millones de euros a la adquisición de fincas costeras de Balears. Este dinero está incluido en una partida global de 40 millones de euros a invertir por el Gobierno central durante los próximos cuatro años en regeneración y mejora del litoral de las Islas.
Con posterioridad, el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, declaró que «las fincas costeras que están sobre la mesa de negociación con el Ministerio son una decena y responden a dos tipos: las que presentan unos valores naturales notables a preservar y las que están amenazadas por algún proyecto de construcción o urbanización».
Grimalt se mostró partidario de que, aunque el Ministerio compre alguna finca y la incorpore al dominio público, la gestión corresponda al Ejecutivo autonómico.
Otras fincas que, en Mallorca, podrían ser objeto de compra son: es Canons, sa Canova y el Molí den Regalat, todas ellas en Artà.
Por su parte, el Bloc y el GOB han solicitado al Ministerio que dé prioridad a la compra de fincas que están «amenazadas» por algún proyecto constructor.