El Govern intentará alcanzar un gran pacto con la patronal de la construcción, entidades financieras y municipios para conseguir que el 50 por ciento del suelo que salga al mercado se destine a la construcción de vivienda pública. En estos momentos, la ley municipal obliga a los ayuntamientos a destinar un 30 por ciento del suelo a construir viviendas sociales, pero el president del Govern, Francesc Antich, y el conseller d'Habitatge, Jaume Carbonero, intentarán incrementar este porcentaje hasta un 50 por ciento. «Para superar el 30 por ciento hace falta alcanzar un gran acuerdo con ayuntamientos, empresas constructoras y entidades financieras. Necesitamos el apoyo de todos para conseguir este objetivo porque es evidente que el acceso a la vivienda es un grave problema y se necesitan soluciones», explicó Antich a este periódico. Previamente, el president del Govern había anunciado la creación de un pacto con constructores y promotores para sacar al mercado pisos con precios asequibles con el objetivo de «paliar las dificultades con las que se encuentran las familias para poder acceder a una vivienda digna».
Antich hizo estas declaraciones tras hacer entrega de 22 llaves a nuevos beneficiarios de vivienda pública, un acto que se celebró en la sede de la Conselleria d'Habitatge. Dos de las viviendas son de compra venta para discapacitados y están ubicadas en la zona del Vivero. El resto son de alquiler y están distribuidas en distintas barriadas de Palma. El precio del alquiler oscila entre 120'44 y 346'55 euros.
Se trata de pisos que el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) tiene en propiedad y que rehabilita para que puedan ser ocupados por personas que cumplen los criterios necesarios para ser beneficiarios de este servicio protegido.
Tras la entrega de las 22 llaves, Antich reiteró que los promotores han reconocido que falta suelo en Balears para construir vivienda pública. El president del Govern detalló que la actual ley municipal, aprobada en la recta final de la legislatura, contempla que el 30 por ciento del nuevo suelo que sale al mercado debe estar reservado a la vivienda pública, pero los ayuntamientos tienen problemas técnicos para ejecutar esta normativa. El Govern del PP incluyó este artículo en la ley municipal después de decidir no iniciar el debate de la ley del suelo para no provocar una controversia en la recta final de la legislatura. Sin embaro, el Ejecutivo de Antich ha previsto aprobar una ley del suelo esta legislatura. «Lo que tenemos que hacer conjuntamente con ellos es buscar fórmulas para que esta parte de la sociedad que tiene más dificultad pueda acceder a un hogar», recalcó el president del Govern. El Ejecutivo espera que las entidades financieras puedan dar información sobre los suelos que pueden servir para impulsar la construcción de vivienda pública. «Los bancos tienen mucha información sobre suelo edificable que puede resultar muy útil para conseguir nuestro objetivo», señaló Jaume Carbonero.