El conseller de Salut i Consum, Vicenc Thomás, aseguró ayer con respecto al hospital de Son Espases que «se tomará la mejor decisión para el interés sanitario de los ciudadanos», y barajó «básicamente» dos posibilidades: la reforma de Son Dureta o la continuación de las obras comenzadas en Son Espases, «aunque no descartamos ninguna posibilidad», puntualizó.
Con ocasión de una visita a las obras del centro de salud de Pere Garau, Thomas defendió que el nuevo hospital de referencia es una «necesidad» y mantuvo que «somos un gobierno responsable y tomaremos las decisiones con la suficiente tranquilidad».
El presidente balear, Francesc Antich, anunció el martes que el Consell de Govern de mañana viernes dará luz verde a la paralización durante dos meses de las obras del futuro hospital de referencia de la comunidad, que se construye en Son Espases, con la «idea clara» de sustituir este proyecto por la reforma de Son Dureta.
En este sentido, el conseller explicó que, durante dos meses, se analizará la situación y se reunirá con las organizaciones y entidades sanitarias y sociales afectadas por este proyecto con la intención de alcanzar «el máximo consenso».
También se escuchará la opinión de todos consells insulars porque se trata de un centro sanitario de referencia para todo el archipiélago, donde las especialidades y medios tecnológicos son mayores que en el resto de hospitales.
«Diálogo y consenso» son las líneas de trabajo que el conseller se marca durante los meses de agosto y septiembre para lograr una solución final.
Para ello, las «variables» son cuatro: la económica, la jurídica, la patrimonial y la medioambiental.
El conseller quiso dejar claro que, en realidad, remodelar el actual hospital de Son Dureta supone «hacer un nuevo hospital», al tiempo que dejó abierta una «tercera vía» que sería construir el hospital en otro solar que no sea ni Son Dureta ni Son Espases.
Thomás criticó las declaraciones realizadas por Aina Castillo en las que valoró que la paralización definitiva de las obras de Son Espases podría costar al Govern entre 80 y 100 millones de euros, y que, con el parón temporal de dos meses.