El Govern balear y el Consell de Mallorca se comprometieron a mejorar la calidad de todos los servicios sociales dirigidos a los ciudadanos que funcionan actualmente y, además, el Ejecutivo autónomo se mostró dispuesto a «garantizar» que el resto de instituciones insulares se adhieran a la medida.
Así lo manifestó la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, tras la reunión que mantuvo hoy en la sede de su departamento del Govern con homónimo insular, el conseller de Bienestar Social, Jaume Garau, para analizar la situación de los servicios sociales en la Comunitat.
Santiago apuntó que tanto para el Govern como para el Consell «es un reto» llegar a poner en funcionamiento la Ley de Dependencia, que afectará a unas 25.000 personas, ya que, por primera vez, «el Estado español reconoce los servicios sociales como derechos similares a la sanidad o la educación».