«¿Pagó usted alguna comisión por la licencia que obtuvo para reformar su vivienda?». Esta ha sido la pregunta habitual a imputados y testigos del 'caso Andratx' en las declaraciones que se han venido registrando en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma desde hace dos meses. La respuesta siempre ha sido la misma: «No».
Hasta ahora, el juez instructor de la causa, Àlvaro Latorre, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y los abogado personados, han interrogado a personas relacionadas con 56 piezas separadas del sumario principal.
Prácticamente todas ellas, están relacionadas con supuestas irregularidades cometidas en la ampliación o reformas de las viviendas situados en terrenos protegidos, los proyectos firmados por arquitectos, o la construcción de chalés en parcelas que albergaban casas de aperos o cuadras de animales.
Casi siempre, las declaraciones han finalizado con la pregunta habitual de si había existido el pago de una determinada cantidad de dinero por la obtención de la licencia, o también, si el imputado o testigo que testificaba conocía al ex alcalde Eugenio Hidalgo, al celador municipal Jaume Gibert o al ex jefe de Urbanismo, Jaume Massot.
Sobre esta última cuestión ha habido respuestas para todos los gustos, según la información a la que ha tenido acceso este diario, pero la unanimidad ha sido total en cuanto a descartar el pago de comisiones.
La acusación sigue sin poder probar, todavía, que los principales acusados en la supuesta trama de corrupción urbanística en Andratx hubiesen cobrado dinero por autorizar reformas o ampliaciones de viviendas. En cambio, han podido comprobar numerosas irregularidades cometidas en parcelas situadas en terrenos protegidos, circunstancia que se ha traducido en la imputación en la causa de una docena de arquitectos y otros tantos abogados.