Otra vuelta de tuerca en el maremágnum de noticias que se vive desde que ETA decidiera poner fin a una tregua que, en realidad, estaba rota desde Navidad. Ahora es Arnaldo Otegi el que da con sus huesos en la cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido en 2003 durante un homenaje al etarra 'Argala'. Cuatro años ha tardado la justicia en hacer efectiva una pena de quince meses de prisión que el dirigente nacionalista tendrá que cumplir íntegramente, eso sí, en una cárcel situada en el País Vasco, al menos de momento. ¿Por qué se le encarcela justamente ahora? Dejando al margen las coincidencias de la actual situación política, hemos de suponer que las cuestiones judiciales siguen su curso independientemente de las circunstancias que rodeen la política nacional.
Sea de una manera o sea de otra, lo cierto es que si Arnaldo Otegi, como cualquier otro ciudadano, comete un delito, es de esperarse que los tribunales actúen y tomen decisiones que sean ejecutadas con la máxima celeridad. Otegi ha cometido ese delito y debe pagar por ello. Y desde luego no debe esperar ningún trato de favor o en su contra en las otras cuatro causas judiciales que tiene pendientes, aunque tampoco se puede descartar que la Audiencia Nacional anule la prisión si el condenado interpone el esperado recurso de amparo.
Termine de una forma u otra este asunto, lo que se percibe a nivel ciudadano es que desde las instituciones se juega a presionar al entorno etarra tras la ruptura de la tregua. De ser así, sería un juego peligroso, en cualquier caso, porque las instituciones lo que tienen que hacer es actuar con firmeza, con la ley en la mano y con absoluta discreción, dando un paso tras otro para acabar con ETA y con su entorno.