NEKANE DOMBLÀS/PATRICIO CANDIA
El conseller de Territori del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, confirmó ayer que su departamento ha remitido al juez instructor del 'caso Andratx', Àlvaro Latorre, más de 60.000 cédulas de habitabilidad realizadas en toda Mallorca en el periodo comprendido entre 2000 y 2007. El juez pretende averiguar si alguna de las cédulas entregadas en Andratx se concedieron conforme a la ley o si bien hubo algún tipo de discrecionalidad en la concesión.
Las cédulas de habitabilidad son los documentos que certifican que una vivienda reúne todas las condiciones para ser habitada. Sin este documento en regla, los propietarios no pueden entrar a residir en la vivienda.
Bartomeu Vicens explicó que la petición del juez se realizó hace algunas semanas y la documentación fue remitida en cuanto estuvo disponible. El juez solicitó esa documentación a la vista del resultado de las declaraciones que, por ahora, han prestado más de medio centenar de imputados y testigos en algunas de las 60 piezas separadas del sumario principal. La mayoría de las testificales han estado relacionadas con viviendas construidas en lo que antaño fueron casas de aperos o simples cuadras de animales. Se realizaron obras de ampliación, muchas veces, en solares especialmente protegidos, donde está prohibido afrontar cualquier obra de esa naturaleza. Por ello, el juez ha considerado de vital importancia disponer de las cédulas de habitabilidad concedidas por el Consell de Mallorca, pero no sólo las relativas a Andratx. Así, el magistrado podrá comprobar si fueron cumplimentadas siguiendo criterios similares entre todos los municipios mallorquines.
A pesar del ingente volumen de documentación que tuvo que tramitarse, los servicios de Urbanisme del Consell estuvieron en disposición de dar su respuesta al juez en cuestión de días. El conseller de Territori de la institución insular señaló además que no es ésta la primera vez que el juez que instruye el 'caso Andratx' solicita documentación a su departamento en relación con la supuesta trama de corrupción detectada en el municipio del poniente mallorquín.
Las más de 60.000 cédulas de habitabilidad que obran en poder del juez se unen a los miles y miles de folios recopilados en la investigación de la 'operación Voramar', circunstancia que obligó a habilitar una habitación especial para guardar toda la documentación. La complejidad de las causas que investiga el Juzgado de Instrucción 12 de Palma -'caso Andratx' y 'operación Relámpago' en su vertiente de las dobles ventas- obligó a solicitar una jueza de refuerzo, que está auxiliando al titular, Àlvaro Latorre. Los funcionarios mantienen un elevado ritmo de trabajo, en el que se unen las labores habituales que lleva el juzgado, con las declaraciones casi diarias programadas en la instrucción del 'caso Andratx'.