La Comisión Europea propuso días atrás a los 27 Estados miembros de la UE una nueva directiva que sancionaría con elevadas multas, e incluso cárcel, a los empresarios que contraten a inmigrantes sin papeles, articulándose también que quienes den empleo a dichos inmigrantes corran igualmente con los gastos de repatriación. Se trataría así de frenar la creciente avalancha de trabajadores en situación irregular que llegan hoy a Europa huyendo de la miseria en la que viven en sus países de origen. A la hora de hablar de la inmigración irregular lo primero a lo que hay que referirse es a la dificultad que por obvias razones cuesta establecerla. Es forzoso moverse en el campo de las simples estimaciones, a falta de datos más concretos. Así, se calcula que actualmente la cifra de sin papeles que viven en la UE oscila entre los 4,5 y los 8 millones, estimándose que cada año consiguen entrar en ella entre 350.000 y 500.000. Sea como fuere, es evidente que Europa ejerce hoy un formidable «efecto llamada» que en buena parte tiene en las facilidades que encuentran los sin papeles un impulso esencial. El comisario europeo de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, lo ha dicho con meridiana claridad: «La posibilidad de encontrar empleo ilegal es la principal fuerza que empuja la inmigración ilegal». Una UE que debido el envejecimiento de su población va a necesitar más de 20 millones de empleados extranjeros en las próximas décadas lleva ya demasiado tiempo haciendo al respecto la vista gorda. Hora es, pues, de tomar medidas serias que por descontado incluyen tanto el favorecimiento de la inmigración legal como la sistemática inspección de las empresas -ahora prácticamente inexistente- a fin de evitar la contratación de trabajadores en situación irregular. Ello, y la severa aplicación de las sanciones previstas en la nueva directiva, podrían dar los resultados apetecidos.
Editorial
Empleo ilegal, inmigración ilegal