La creación de la Reserva Marina de Llevant ha originado un nuevo conflicto entre el Govern y el Gobierno central. Las mayores restricciones en los usos de las aguas exteriores, que son competencia de Madrid, ha provocado las protestas de diversos colectivos de la comarca, apoyados por el Ejecutivo autonómico, con la excepción de los pescadores profesionales, que son los grandes beneficiados con la nueva protección.
Las intenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las restricciones fijadas en las aguas exteriores son buenas, pero, tal vez, al departamento que dirige Elena Espinosa le ha faltado calibrar un poco las repercusiones de las limitaciones en una zona que, queramos o no, está poblada y desarrolla actividad turística. Con ello queremos decir que esas restricciones pueden ser muy positivas y necesarias en parajes absolutamente vírgenes, pero, en una costa poblada y con tradiciones pesqueras y náuticas muy arraigadas, una mayor flexibilidad más ajustada a la realidad hubiese sido mejor aceptada. No obstante, una mayor flexibilidad no debe entenderse nunca como una renuncia a los objetivos básicos de conservación y preservación. Limitaciones sí, pero en su justa medida.
En el Llevant se ha creado una plataforma de protesta contra esas restricciones. Es legítimo. Sólo es de esperar que sus integrantes no caigan en la bochornosa campaña que algunos organizaron, durante la pasada legislatura, contra el Parc Natural de Llevant, una campaña que se basó en mentiras -y lo que es peor, a sabiendas- y que culminó con el vergonzoso espectáculo del asalto al Ajuntament de Son Servera. Apelamos al Govern y al Gobierno central a que, sin estridencias, coordinen y armonicen la gestión de la Reserva Marina de Llevant en beneficio de todos y, en este caso, de nuestro medio ambiente marino.