Delitos imperdonables

La Cámara Federal de Argentina -equivalente a nuestra Audiencia Nacional- ha declarado ahora inconstitucionales los indultos otorgados en 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem, a Jorge Videla y Emilio Massera. Y al hacerlo, completa, por así decirlo, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de 2005, que permitió la reapertura de numerosas causas por violación de los derechos humanos que se hallaban estancadas. Hay que recordar que en 1985, Videla y Massera fueron degradados y condenados a prisión perpetua en un proceso que involucró también a los restantes comandantes de las juntas militares que implantaron la dictadura en el país entre 1976 y 1983, condena que quedó en suspenso por el citado indulto. El alto tribunal argentino ha juzgado ahora que los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera no son susceptibles de perdón, ya que «existe una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos», delito que se considera imprescriptible. Aún a falta de lo que decida el Tribunal Supremo del país, los efectos del fallo serán más simbólicos que efectivos, dada la edad y el estado de salud de Videla y Massera. No obstante, la decisión judicial significa un paso más en la revisión de los excesos de las dictaduras emprendida desde la última década en distintos lugares del mundo. Los dos militares que han visto ahora anulado su indulto estaban en la cúpula misma de un régimen dictatorial bajo el que se produjeron 30.000 «desapariciones» de compatriotas suyos. A mayor abundamiento, en el histórico juicio a las Junta Militares, Videla fue acusado de 66 asesinatos, 306 secuestros, 93 casos de tortura y 26 robos, mientras que a Massera le supuso prisión perpetua el ser encontrado responsable de 69 secuestros. A tenor de todo ello, es evidente que la concesión de un indulto fue un imperdonable error ante delitos también imperdonables.