El Gobierno e IU han llegado a un acuerdo que permite desbloquear la Ley de la Memoria Histórica en contra de la opinión del principal partido de la oposición, el PP. Según el texto aprobado en el Congreso, la persecución franquista de los disidentes será declarada ilegítima -nadie puede dudar de que, en efecto, lo fue por cuanto el régimen se asentaba sobre un golpe de Estado-, de forma que las víctimas condenadas por los tribunales verán rehabilitada su dignidad. La medida debe ser aplaudida porque trata de cerrar definitivamente una etapa negra de nuestra historia reciente, demasiado cercana para afrontarla con distancia y frialdad. Nadie puede dudar de la injusticia que se impuso en aquellos años posteriores a la Guerra Civil en los que miles de personas fueron señaladas por delitos que jamás cometieron y otras tantas sufrieron penas de cárcel, destierro e incluso muerte simplemente por motivos ideológicos, políticos e incluso culturales. Sin embargo, hay que subrayar que durante la guerra se produjeron barbaridades por parte de los dos bandos y, como tal, hay que restituir también la memoria de las víctimas de la República y de grupos afines que actuaban por libre. Una Ley de la Memoria Histórica debe servir para la reconciliación, por lo que es preciso que todas las partes implicadas en aquel desastre colectivo reconozcan los errores y pidan perdón por ellos. Ya sabemos que la gran parte de las víctimas fueron de un bando y la mayor parte de los verdugos del otro. Pese a ello, una víctima siempre lo es, independientemente del número, y todas merecen idéntico respeto. El Partido Popular cree que esta norma entierra definitivamente la Transición, pero lo cierto -y positivo- es que entierra una parte de ella, la del silencio impuesto y la del olvido injusto, que en el 75 era necesario y tres décadas después ya no.
Editorial
Ley de la Memoria Histórica, positiva