El informe comparativo sobre los presupuestos de las distintas Comunidades Autónomas pone blanco sobre negro la deficiente financiación de la Comunitat Autònoma. Balears, una de las Comunidades más boyantes de España, una de las que aporta más recursos a las arcas del Estado gracias a los impuestos que pagan sus ciudadanos es a la vez, y de forma paradójica, una de las que tienen un Govern más pobre. Balears apenas recibe fondos del Gobierno central o de la Unión Europea porque es una Comunidad rica. La falta de financiación es elocuente: de cada cien euros que gestiona el Govern, sólo 18 son ayudas de otras administraciones, cuando en Extremadura 69 de cada cien euros son aportados por otras administraciones.
Y si el dinero no llega de donde tiene que llegar y el Govern de Jaume Matas ha decidido no aumentar la presión fiscal, la única opción que queda es recurrir a la deuda. Volviendo al ejemplo comparativo con Extremadura, sus ingresos por habitante en concepto de impuestos son de 1.289 euros, cuando en el caso balear la cifra llega a los 2.481. Es decir, que el Gobierno extremeño no tiene necesidad o no le interesa recurrir a los impuestos ya que reciben tantas aportaciones de otras administraciones que no lo necesita.
La reforma del Estatut, que lleva en vigor escasamente un mes, puede ayudar a superar esta injusticia financiera ya que propicia la llegada de 2.500 millones de euros adicionales en siete años. Por eso es preciso que, en cuanto pasen las elecciones, los partidos políticos de las Islas dejen a un lado sus intereses partidistas y sean capaces de ponerse de acuerdo en consensuar las inversiones en que se concretarán esos millones. Balears no puede seguir siendo una Comunidad rica con un Govern que debe recurrir a la deuda para mejorar los servicios.