La legislatura ha terminado con la aprobación de un total de 55 leyes, una menos que en el periodo 1999-2003, entre las que destaca la reforma del Estatut. Desde este punto de vista, la legislatura ha sido positiva porque la reforma estatutaria es una de las leyes de gran entidad e importancia, pero hay un hecho que sigue demostrando la escasa capacidad de nuestros políticos para afrontar los temas de Estado. La Sindicatura de Greuges sigue siendo sólo una institución en un papel, una ley que nunca se ha desarrollado ante la falta de acuerdo político. Desgraciadamente, los ciudadanos de Balears siguen sin disponer de un Defensor del Pueblo que pueda atender las reclamaciones contra la administración.
En 2003 los partidos políticos estuvieron a punto de alcanzar un consenso con el nombramiento de la Sindicatura de Greuges. El pacto incluía también elección de los síndics de Comptes, los encargados de fiscalizar las cuentas de las administraciones. El PP y el Pacte llegaron a un acuerdo para nombrar a tres síndics, pero la segunda parte del pacto nunca llegó a concretarse. El PP proponía a Margarita Retuerto, pero la izquierda no aceptó el nombramiento de la que, durante mucho tiempo, fue defensora del Pueblo en funciones a nivel nacional. El PP, y más concretamente Matas, se sintió engañado porque los populares sí respetaron la primera parte del acuerdo.
A lo largo de esta legislatura ni siquiera ha habido contactos entre el Govern y la oposición para intentar alcanzar un consenso para nombrar la Sindicatura de Greuges. Éste ha sido uno de los principales objetivos que se marcó Pere Rotger al iniciar su etapa como presidente del Parlament, pero no ha sido posible. Y la culpa no es sólo suya.
Una sociedad madura necesita que funcionen todas las instituciones para que los derechos de los ciudadanos sean respetados. La falta de acuerdo para nombrar la Sindicatura de Greuges constituye un fracaso sin precedentes de todos los partidos políticos sin excepción. Deberían tomar nota.