NEKANE DOMBLÀS
El PP se opuso ayer a que el Consell apruebe por la vía de urgencia que la empresa Tirme gestione los residuos sólidos de Mallorca hasta el año 2041 en lugar de hasta el 2017, como figura en el actual contrato. Los populares, junto con PSM y EU-EV, votaron ayer en contra de que este asunto fuera debatido en la comisión informativa del Consell, lo que de hecho supone bloquear el asunto.
Los representantes de UM en el Consell decidieron presentar este asunto en la comisión informativa por la vía de urgencia. El vicepresident de la institución, Miquel Nadal, explicó que la decisión de llevar este asunto con urgencia se tomó después de que el día anterior se recibiera el informe del Consell Consultiu que da el visto bueno a la ampliación de la concesión.
Dado que la aprobación inicial fue votado incluso por el PP, el vicepresident aseguró que el asunto se llevará al pleno de abril aunque ayer no obtuviera el visto bueno de la comisión informativa. Si el PP voto de nuevo en contra de la ampliación de la concesión, el asunto no saldrá adelante ya que se requiere mayoría simple y UM y PSOE no tienen los votos suficientes para sacar adelante la propuesta.
El portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio, aseguró que su grupo había esgrimido dos razones para oponerse a la urgencia de esta tramitación. Para el PP, el tema tiene el suficiente calado político y económico como para que se estudie con más detenimiento.Además de esto, el PP asegura que el Consell de Mallorca no ha contestado a las alegaciones presentadas en su día por el Ajuntament de Palma. Cort argumentó que no se podía ampliar la concesión hasta el año 2041 ya que los terrenos en los que se edificó la actual incineradora volverán a ser propiedad del Ajuntament de Palma en 2025, 16 años antes de que finalice la concesión a Tirme.
Fuentes de la institución insular aseguraron que este punto no es un problema ya que los terrenos revertirán a Cort en el plazo previsto. Añadieron que, en 2025, la actual incineradora ya habrá finalizado su vida útil por lo que no hay ningún problema en devolver los terrenos al Ajuntament de Palma.
En cualquier caso, el voto en contra del PP se produjo, precisamente, en la misma comisión informativa que aprobó la protección del edificio de GESA. El PP fue el único partido que votó en contra de mantener el edificio. El acuerdo será también ratificado en el pleno que la institución celebra en abril.