La plataforma «Todoscontraelcanon» ha conseguido reunir más de un millón de firmas contra el proyecto que pretende gravar con un impuesto los dispositivos electrónicos utilizados para hacer «copias privadas». La plataforma engloba a todos los sectores afectados, empresarios, industrias y asociaciones de consumidores, con argumentos muy sólidos para que se tenga en cuenta que pueden existir reacciones a posteriori que lejos de mejorar la situación pueden contribuir a empeorarla.
No cabe, por cierto, poner en duda las reclamaciones sobre el derecho de propiedad intelectual que defienden las sociedades de autores. Se trata de un derecho legítimo que hay que defender a toda costa. Pero el canon puede abocar a una deslocalización industrial, a favorecer el aumento del mercado negro de los soportes electrónicos o a un descenso del consumo de los mismos, lo que evidentemente, es tremendamente negativo no ya sólo para los fabricantes y sus empleados, sino que lo será también para los mismos autores.
Amén de penalizar al usuario que utiliza los dispositivos para tener una copia única y propia sin ánimo de lucro, ni de hacer negocio alguno. Un consumidor final que, al no poder repercutir el coste, sería el máximo perjudicado por la medida.
Es evidente que la sociedad de la información, como sucede con muchos avances científicos o tecnológicos, va muy por delante de los políticos y de la legislación, que, como en tantas ocasiones, debe responder a rebufo de los acontecimientos. Pero ello no debería abocar a precipitaciones sino, muy al contrario, a una reflexión profunda, al consenso con todas las partes implicadas y a una evaluación muy precisa y clara para que la solución final tenga en cuenta todos los factores y sea beneficiosa para todos.